Tras la decisión del Gobierno de actualizar la metodología de cálculo de la tasa de supervisión y control minero para el ejercicio fiscal 2026, que excluyó del pago de la tasa a las concesiones que se encuentran en fase de exploración y evaluación económica, hubo reacciones desde el sector minero.
La Cámara de Minería del Ecuador (CME), calificó la medida como un primer paso positivo dentro de un proceso más amplio orientado a consolidar un entorno fiscal competitivo, especialmente para la exploración, la etapa de mayor riesgo financiero del ciclo minero.
El gremio se pronunció a través de un comunicado, el 26 de junio.
“La Cámara reconoce que este avance es resultado de los espacios de intercambio mantenidos entre el sector público y privado, una vía eficaz para construir soluciones equilibradas. Confía, además, en que este espíritu de colaboración permita continuar fortaleciendo un marco regulatorio moderno que brinde mayor certidumbre para el desarrollo de la actividad”, sostuvo el gremio.
Por su parte, el Gobierno señaló que la actualización forma parte de la política de modernización impulsada para consolidar un marco regulatorio sólido, transparente y acorde con las características operativas de cada fase de la actividad minera.
Además, se indicó que se incorporaron criterios técnicos que fortalecen la eficiencia regulatoria, promueven la inversión responsable y garantizan la sostenibilidad de las actividades de control y fiscalización del sector.
El régimen adelantó que la proyección de recaudación para las concesiones en explotación y plantas de beneficio asciende a $ 42,29 millones. De este monto, $ 25,91 millones corresponden a concesiones metálicas; $ 13,49 millones a plantas de beneficio; y $ 2,89 millones a concesiones no metálicas.
“A esta cifra se suma la recaudación generada por las licencias de comercialización, que mantienen el esquema vigente equivalente a diez Salarios Básicos Unificados por licencia. Con 363 licencias activas registradas, este componente representa $ 1,75 millones adicionales, alcanzando una recaudación total proyectada de $ 44,04 millones para el ejercicio fiscal 2026”, confirmó el Gobierno.
La cifra ya había sido revelada por el viceministro de Minas, Guillermo Flores, en una entrevista con este Diario la semana pasada.
Mientras, el Régimen explicó que la nueva metodología incorpora criterios de proporcionalidad que permiten que el financiamiento de las actividades de supervisión y control se ajuste a la realidad operativa de cada régimen y fase minera. Añadieron que este enfoque fortalece la seguridad jurídica, promueve el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y contribuye a una gestión más eficiente de los recursos públicos destinados al control de la actividad.
“Los recursos generados por la tasa permiten a ARCOM ( Agencia de Regulación y Control Minero) mantener y fortalecer su capacidad operativa en territorio para ejercer acciones de vigilancia, fiscalización y control, así como reforzar la lucha contra la minería ilegal y verificar el cumplimiento de la normativa minera, ambiental, social y de seguridad”, concluyó el Gobierno.
Sector: Aún quedan aspectos pendientes
Mientras, la CME indicó que el sector espera que las conversaciones continúen respecto de los aspectos que aún permanecen pendientes, entre estos el gravamen que se mantiene para las concesiones en producción y las plantas de beneficio, lo que según el gremio “afecta la competitividad del Ecuador frente a otras circunscripciones de la región”.
“La Cámara mantiene la posición que expresó hace un año respecto de esta medida y reitera su disposición a trabajar con las autoridades en alternativas que permitan conciliar los objetivos de recaudación con la sostenibilidad de la inversión, considerando que Ecuador ya se encuentra entre las jurisdicciones mineras con mayor carga fiscal del mundo”, señaló el gremio.
fuente el universo
