La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, escuchó al representante de Green Ecuador, Jorge Quiñónez, y a delegados de los ministerios de Agricultura y Ganadería y de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, quienes presentaron observaciones a la propuesta normativa.
Quiñónez explicó que el sector pesquero artesanal atraviesa una situación preocupante, caracterizada por una crisis multidimensional marcada por la inseguridad, la falta de competitividad, el deterioro de la infraestructura pesquera, las limitaciones de acceso a mercados y la escasez de oportunidades para las nuevas generaciones.
Planteó la creación de una nueva figura denominada concesión social, que consiste en la vinculación de sectores asociativos federados y emprendedores relacionados con las actividades pesqueras. Explicó que se trata de un mecanismo que operaría a través de la cooperación internacional para reactivar el programa de facilidades pesqueras, el cual permanece estancado desde hace más de una década.
Por su parte, Hugo Alfonso Vera, subsecretario de Recursos Pesqueros, sugirió incorporar normas que garanticen la participación de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en las zonas de pesca y acuicultura, especialmente en las actividades de pesca artesanal.
Asimismo, propuso incluir, dentro de los espacios terrestres y marítimos de las áreas protegidas, disposiciones relacionadas con la pesca y la acuicultura artesanal. También recomendó establecer una clasificación adecuada de los sectores productivos y que sea el ente rector el encargado de realizar la evaluación correspondiente, de conformidad con los instrumentos utilizados para las labores pesqueras.
Por otra parte, Emilio Uribe, representante del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, recordó que esa cartera de Estado ya no ejerce la rectoría del sector pesquero. No obstante, presentó propuestas orientadas a fortalecer el contenido de la normativa, considerando la importancia estratégica que tienen la pesca y la acuicultura para la economía nacional.
Añadió que las observaciones buscan orientar la redacción de la ley hacia una diferenciación clara de los regímenes aplicables a la pesca y a la acuicultura, manteniendo el régimen especial de la provincia de Galápagos. En ese sentido, señaló que las actividades que se desarrollan en la región insular no deberían formar parte del ámbito de aplicación de la Ley de Acuicultura y Pesca.
EG
