El próximo 1 de julio de 2026, la Corte Nacional de Justicia conocerá el recurso de casación dentro del caso de femicidio de María Belén Bernal, la abogada asesinada el 11 de septiembre de 2022 en el interior de la Escuela Superior de Policía “Alberto Enríquez Gallo”, un hecho que evidenció no solo la violencia extrema contra las mujeres, sino también las fallas institucionales de un sistema que debía protegerlas.
La diligencia fue convocada tras el aplazamiento de una audiencia anterior y constituye una etapa decisiva para la familia de Bernal. El objetivo principal es que se ratifique la condena de 34 años y 8 meses impuesta a Germán Cáceres, exteniente de Policía y autor material del crimen.
Pero la lucha de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, no se limita a la sentencia contra el femicida. Desde el inicio del proceso ha insistido en que existen responsabilidades que nunca fueron plenamente investigadas y preguntas que el Estado todavía no responde.
Las preguntas que siguen abiertas
El cuerpo de María Belén fue hallado diez días después de su desaparición en el cerro Casitagua. Desde entonces, familiares y organizaciones de derechos humanos han cuestionado cómo fue posible que un crimen de esa magnitud ocurriera dentro de una institución policial sin que existieran alertas oportunas ni acciones efectivas para impedirlo.
En el comunicado difundido previo a la audiencia, la familia recuerda que Alfonso C. no fue procesado pese a que, según sus primeras versiones, habría escuchado los gritos y pedidos de auxilio de María Belén. Para los allegados de la víctima, este hecho debe ser revisado porque podría configurar una omisión frente a un acto de violencia que terminó en femicidio.
Las interrogantes también alcanzan a quienes habrían podido colaborar en la ocultación del cuerpo o facilitar la fuga de Cáceres tras el crimen. Son dudas que, según la familia, continúan sin respuesta pese al tiempo transcurrido.
Una investigación archivada
De forma paralela al proceso por femicidio, la Fiscalía abrió una investigación previa por presunto fraude procesal para determinar qué ocurrió con la cadena de custodia, las cámaras de seguridad de la Escuela Superior de Policía y un posible encubrimiento posterior al asesinato. Sin embargo, dicha investigación fue archivada.
Para la familia de María Belén, esta decisión cerró la posibilidad de esclarecer si existieron actos de corrupción o encubrimiento que permitieron trasladar y ocultar el cuerpo de la víctima, así como la posterior fuga de Cáceres hacia Colombia.
Casi cuatro años de espera
El camino judicial tampoco ha estado exento de retrasos. Según denuncia la familia, la audiencia prevista para mayo de 2026 fue suspendida luego de que Alfonso C. cambiara su defensa técnica en la víspera de la diligencia, una situación que consideran una maniobra dilatoria dentro del proceso.
A casi cuatro años del femicidio, el caso de María Belén Bernal sigue siendo un recordatorio de las barreras que enfrentan las víctimas y sus familias para acceder a una justicia integral. La audiencia de casación no solo definirá la firmeza de una sentencia; también pondrá nuevamente en debate las responsabilidades institucionales alrededor de uno de los crímenes que más conmocionó al país.
Para Elizabeth Otavalo, la exigencia sigue siendo la misma desde septiembre de 2022: verdad completa, justicia sin dilaciones y garantías de no repetición para que ninguna otra mujer tenga que enfrentar la violencia y la impunidad que marcaron la historia de su hija.
Radio Pichincha
LV
