El Gobierno ha identificado al enemigo que sostiene la violencia: la plata.
El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC) 2026–2029 del Gobierno señala que “las economías ilícitas constituyen el núcleo financiero” de las estructuras criminales y define al lavado de activos como la “piedra angular que permite al crimen organizado aprovechar y reinvertir las ganancias ilícitas”.
Sin embargo, el plan reconoce que “el volumen de actividades sospechosas sobrepasa la capacidad de detección” estatal. Cabe resaltar que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) es la entidad llamada a golpear el lavado de activos.
En esta deficiencia, la UAFE, que hasta hace poco estaba bajo la dirección de José Julio Neira, es cuestionada porque supuestamente es usada como herramienta de bloqueo a opositores y blindaje para funcionarios de turno.
El plan admite que, aunque Ecuador tiene leyes y una institución como la UAFE, la sofisticación de las mafias es superior a las herramientas de control.
El documento detalla que los criminales inyectan dinero sucio en “instituciones deportivas (equipos de fútbol), negocios de entretenimiento y apuestas, hasta inmobiliarias, gasolineras, agroindustrias y comercios”. Incluso el oro de la minería ilegal se declara como ingreso por exportación minera para blanquear pagos del narcotráfico.
Solo en 2025 se reportaran 7.670 transacciones sospechosas en el sistema financiero ecuatoriano, un aumento del 42% frente al año previo, pero se desconoce los resultados de esas alertas.
Julio José Padro, exministro y expresidente de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) se preguntó si “¿el Estado tiene la misma capacidad para procesar estos reportes? Ahí está el cuello de botella”.
El cuestionado rol de José Julio Neira
Mientras se critica que la UAFE flaquea en detectar el rastro de las mafias, por otro lado se ha cuestionado el rol de la institución para supuestamente atacar a los críticos del presidente Daniel Noboa.
En el centro de las críticas aparece José Julio Neira, actual Secretario de la Administración y exdirector de la UAFE (dejó el cargo el 5 de junio de 2026). Descrito en análisis periodísticos (como de diario Expreso) como el ejecutor de las represalias del Ejecutivo, Neira ha sido tildado como el “perro del presidente” que “muerde donde tenga que morder”.
En ese análisis periodístico, Neira ha sido señalado por fabricar narrativas para supuestamente encubrir escándalos como los contratos de generadores eléctricos de la empresa Progen, atacando frontalmente a medios como Diario Expreso, al que acusó de “fraude fiscal y lavado de activos con documentos forjados“.
El análisis de Expreso añade que este “acoso” ha tenido efectos: periodistas como Fausto Yépez y Hernán Higuera fueron retirados de coberturas sobre el caso Progen tras presiones del poder.
En el caso de Higuera, la represalia llegó a su familia: su esposa fue despedida del sector público y a su hijo se le impidió continuar su internado médico. “Hernán Higuera entendió el mensaje y decidió abandonar la cobertura“, puntualizó Aguilar.
Bloqueo de cuentas a la oposición
También se ha criticado a la UAFE de supuestamente asfixiar económicamente a quienes se oponen políticamente al Gobierno. Víctor Hugo Erazo, integrante de la plataforma ciudadana por la revocatoria del mandato de Noboa, denunció el bloqueo sistemático de sus cuentas bancarias y las de sus familiares.
Erazo calificó estas medidas como una “persecución contra quienes integran la organización que impulsa la iniciativa” y responsabilizó directamente a Noboa y a Neira por usar el poder estatal para “obstaculizar el proceso ciudadano”.
Anteriormente, durante el paro indígena de octubre de 2025, los dirigentes también denunciaron que se les bloqueó sus cuentas bancarias bajo la directriz de la UAFE.
Una ley ‘blinda’ el control de lavado de activos a autoridades de turno
Mientras tanto, el Gobierno de Noboa impulsó la Ley Orgánica de Transparencia Social en agosto de 2025, un cuerpo legal que permite que el Presidente y sus ministros soliciten a la UAFE y al SRI auditorías de su propia gestión y patrimonio. Una vez concluida esta revisión solicitada por el interesado, los resultados son irrevocables y los periodos revisados “no podrán ser objeto de revisión alguna, ni podrán ser sometidos nuevamente a procesos de fiscalización o control”.
Este mecanismo anula la posibilidad de detectar fraudes o lavado que aparezcan después de que el funcionario deje el cargo.
Lo más polémico es que el beneficio se extiende al círculo familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y a todas las sociedades donde tengan participación.
Todo bajo llave
Y, para colmo, la resolución UAFE-DG-2026-0003 estableció que prácticamente todos los expedientes y bases de datos de la entidad son ahora reservados o secretos.
Bajo este cerrojo quedan:
- Información de Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
- Informes de análisis de operaciones sospechosas.
- Metodologías, software y códigos de programación para detectar lavado.
- Denuncias ciudadanas y memorandos de requerimiento de información.
Cualquier funcionario que divulgue esta información enfrenta sanciones penales, incluso tras dejar el cargo.
La tendencia a la confidencialidad es constante en el gobierno de Noboa, que ya ha declarado como reservada la información sobre compensaciones a transportistas y la construcción de la cárcel en Santa Elena, entre otras cosas.
Así, mientras el gobierno admite de la incapacidad de la UAFE para rastrear la totalidad del dinero de las mafias, la entidad prioriza otro tipo de controles.
Radio Pichincha
LV
