La ausencia de una vocal, quien justificó su inasistencia mediante un certificado médico, así como la falta de acciones oportunas para convocar al Pleno, provocaron que el Consejo de la Judicatura (CJ) declarara la prescripción de 23 sumarios disciplinarios en contra de jueces, fiscales, directores provinciales, abogados y funcionarios judiciales.
Frente a esta situación, la presidenta del organismo, Mercedes Caicedo, ofreció disculpas públicas y anunció el envío de los informes respectivos a la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y la Asamblea Nacional para que se determinen posibles responsabilidades.
Sumarios de la administración anterior
La decisión fue adoptada durante la sesión extraordinaria No. 082-2026, celebrada el 22 de junio.
Según lo expuesto por las actuales autoridades, los expedientes prescribieron durante la administración anterior, lo que impidió que los casos fueran resueltos dentro de los plazos establecidos por la ley.
Entre los procesos que quedaron sin efecto por el transcurso del tiempo constan expedientes relacionados con funcionarios judiciales vinculados a los casos de corrupción conocidos como “Purga” y “Metástasis”.
Por ello, el Pleno consideró necesario remitir la información a los organismos de control e investigación, con el fin de establecer si existieron responsabilidades administrativas, civiles o penales.
De acuerdo con el informe presentado, 20 sumarios disciplinarios prescribieron debido a la ausencia de la entonces vocal del Consejo de la Judicatura, identificada como N.S.G.Q. en el boletín de prensa de la institución, iniciales que corresponderían a Solanda Goyes, quien justificó su inasistencia mediante un certificado médico.
Esta situación impidió conformar el quórum necesario para que el Pleno sesionara y resolviera los expedientes dentro de los plazos legales.
Los tres procesos restantes prescribieron porque no se realizaron las acciones necesarias para convocar oportunamente al organismo, pese a que la vocal ya se encontraba habilitada para participar.
Las autoridades actuales precisaron que estos casos no fueron conocidos por la administración vigente y que su actuación se limitó a verificar la situación jurídica de los expedientes rezagados.
Además, dispusieron una investigación interna para identificar a los responsables de las omisiones que derivaron en la pérdida de los procesos disciplinarios.
“Hoy hemos tenido que declarar la prescripción de 23 procesos, pese a que no estamos contentos con hacerlo, pero es lo que corresponde jurídicamente”, manifestó Caicedo, quien reiteró el compromiso institucional de fortalecer los mecanismos de control y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
Radio Pichincha
LV
