El magistrado Alexandre de Moraes, miembro del Tribunal Supremo de Brasil, dio su autorización el viernes para que la policía federal tome declaración al ex presidente Jair Bolsonaro. Esto ocurre dentro de una pesquisa relacionada con la incautación de una pistola registrada a su nombre, la cual fue descubierta en poder de un integrante de su equipo de seguridad durante un control de tráfico en Brasilia.
De acuerdo con los documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia AFP, el interrogatorio está previsto para el próximo martes en el domicilio de Bolsonaro. El arma en cuestión es una pistola Glock de nueve milímetros, hallada el lunes anterior por agentes policiales.
El individuo que portaba el arma manifestó que pertenecía al equipo de seguridad de Bolsonaro y que la trasladaba para llevarla a reparación. Según la información presentada ante el tribunal, el equipo de custodia había retirado el percutor del arma, dejándola inutilizable, sin notificar esta medida al ex presidente.
El documento judicial indica que esta decisión se tomó debido a los “medicamentos psiquiátricos que se le habían administrado al demandante y que podían afectar a su capacidad cognitiva”.
Jair Bolsonaro, de 71 años, cumple una condena superior a 27 años por planificar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. El ex presidente se encuentra bajo arresto domiciliario desde marzo, mientras se recupera de una neumonía, aunque las condiciones de su reclusión serán evaluadas la próxima semana.
Los abogados de Bolsonaro señalaron que el arma estaba registrada legalmente a su nombre y guardada en su vivienda, y negaron cualquier relación entre el hallazgo y la próxima revisión de su arresto domiciliario.
El historial judicial de Bolsonaro también registra otro incidente en el que fue devuelto a prisión en noviembre pasado, después de quemar su brazalete electrónico con un soldador. La Justicia interpretó esto como un intento de fuga. En aquella ocasión, la defensa alegó que el hecho fue producto de una confusión mental derivada de medicamentos recetados al ex mandatario.
El avance de esta investigación ocurre tras un duro golpe para la familia del ex presidente: el ex diputado Eduardo Bolsonaro fue condenado el martes por el Tribunal Supremo de Brasil a cuatro años y dos meses de prisión en régimen semiabierto por coacción a la justicia. Esto se debió a que gestionó ante el Gobierno de Estados Unidos la imposición de sanciones contra Brasil. La sentencia, dictada por unanimidad por los cuatro jueces de la Primera Sala, incluye además una multa de 100 salarios mínimos, equivalentes a 162.100 reales (aproximadamente 31.700 dólares).
Como resultado del fallo, el hijo de Jair Bolsonaro quedó inhabilitado políticamente por ocho años y pierde su acta de diputado, la cual ya había quedado vacante en diciembre pasado debido a sus ausencias reiteradas a las sesiones de la Cámara baja. El ex parlamentario reside desde febrero de 2025 en Estados Unidos, por lo que no asistió a la audiencia y fue representado por un defensor público.
Durante la exposición de motivos, Alexandre de Moraes sostuvo que el condenado admitió haber viajado a Estados Unidos en 2025 para promover sanciones contra los jueces que procesaban a su padre, con el objetivo de evitar una condena. “Las amenazas se concretaron mediante sanciones contra magistrados de esta Corte, contra el procurador general de la República y contra Brasil, a través de aranceles”, afirmó De Moraes al fundamentar el voto, en una intervención transmitida por la AFP.
El tribunal desestimó los pedidos de nulidad presentados por la defensa, que alegó parcialidad del magistrado y fallas en la notificación. El defensor público Esdras dos Santos Carvalho argumentó que su cliente solo realizó una “interlocución política” y que no ejerció violencia ni amenazas graves, condiciones necesarias para el delito de coacción. Los jueces rechazaron esa postura y consideraron que el sistema judicial brasileño fue blanco de las maniobras.
El proceso se llevó a cabo en una sala conformada por magistrados de perfil progresista, entre ellos Cristino Zanin, ex abogado del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y Flávio Dino, exministro del Gobierno de Lula.
En el último año, el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a varios jueces del Tribunal Supremo brasileño y aplicó aranceles a Brasil en el marco del proceso judicial contra Bolsonaro. El entonces presidente Donald Trump calificó el juicio como una “caza de brujas”.
(Con información de la AFP)
Fuente: Infobae
