El actual mandatario de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una sorpresiva invitación pública al expresidente Álvaro Uribe Vélez para que ambos se presenten de manera conjunta ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El llamado se produjo el viernes 19 de junio durante un acto en Cali, luego de que la Fiscalía General de la Nación confirmara la apertura de una investigación formal contra Uribe.
En medio de su intervención frente a una multitud, Petro propuso un gesto simbólico sin precedentes:
“Yo le digo a Uribe que sirva es sumarse a esta tarima y nos damos un abrazo y nos vamos juntos a declarar ante la JEP las verdades que el pueblo necesita saber”.
La convocatoria se da justo después de que el ente acusador confirmara, en la noche del jueves 18 de junio de 2026, que había iniciado un proceso formal y citaría a indagatoria al exmandatario por su supuesta responsabilidad en la creación y accionar de grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.
El jefe de Estado enlazó su oferta con la urgencia de esclarecer las acusaciones que por décadas han pesado sobre ambas figuras políticas, relacionadas con delitos de lesa humanidad. Petro enfatizó que su propuesta no busca un enfrentamiento personal:
“No me atrevo a insultarlo y muchísimo menos me atrevería a decir en ninguna parte que una parte de la sociedad deba ser destripada”.
Los delitos que llevan a Uribe a la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra Álvaro Uribe Vélez y lo citará a indagatoria por su presunta responsabilidad en la conformación y acción de grupos paramilitares en Antioquia. Este proceso también lo vincula con las masacres de La Granja y El Aro, así como con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
El caso ha sido asignado a la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema, Gloria Marcela Abadía Cubillos, y se fundamenta en una decisión de la Corte Suprema que el 30 de mayo de 2018 declaró estos hechos como crímenes de lesa humanidad, haciéndolos imprescriptibles. Según el expediente, los ataques contra la población civil de Ituango dejaron un saldo de 21 muertos: cinco víctimas en la masacre de La Granja (11 de junio de 1996) y 16 en la de El Aro (entre el 22 y el 31 de octubre de 1997). En este último caso también se registró el secuestro de 17 personas, la quema de la mayoría de viviendas, el robo de ganado y el desplazamiento forzado de los habitantes del corregimiento.
El auto de la fiscal Abadía Cubillos detalla que los delitos por los que sería vinculado el exmandatario son concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. La citación tiene como objetivo que Uribe rinda testimonio sobre las dos masacres, el asesinato de Valle Jaramillo (ocurrido el 27 de febrero de 1998) y la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, que presuntamente se habría gestado en la Hacienda Las Guacharacas.
Un expediente que viene desde el año 2000
La investigación previa fue abierta originalmente el 16 de mayo de 2000 por hechos ocurridos cuando Uribe era gobernador de Antioquia. En esa ocasión, el 28 de diciembre del mismo año, un fiscal delegado ante la Corte decidió inhibirse de iniciar una instrucción formal. Sin embargo, el panorama cambió el 2 de enero de 2013, cuando la fiscalía sexta delegada ante la Corte revocó esa resolución inhibitoria. El argumento clave fue una comunicación recibida el 7 de septiembre de 2011 con declaraciones de miembros de grupos paramilitares que señalaban a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez por la conformación de un grupo con centro de operaciones en la mencionada hacienda.
En el documento de ocho páginas con el que justificó la reapertura, la fiscal sostuvo que, según las pruebas reunidas en la fase previa, “presuntamente, existió un nexo entre el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez y el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como Bloque Metro”. Agregó además que “al parecer el aquí investigado habría facilitado y promovido el accionar de esta organización” ilegal.
En el mismo apartado, la funcionaria indicó de forma preliminar que “se puede inferir que Uribe Vélez hizo parte de un acuerdo para promover la conformación de un grupo armado ilegal”. A partir de esa inferencia, la conducta lo haría responsable del delito de concierto para delinquir agravado, en paralelo con los señalamientos que pesan sobre su hermano por la conformación del grupo conocido como “Los doce apóstoles”.
Fuente: Infobae
