La reforma a la Ley que Establece Rentas en Favor de las Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua incorporó nuevos aportes técnicos durante la sesión de la Comisión de Régimen Económico. Expertos plantearon fortalecer los mecanismos de transparencia, control y planificación de los recursos provenientes de la generación eléctrica, así como actualizar el enfoque ambiental.
En este contexto, la comisión recibió las observaciones de Diana Pantoja, especialista en derecho municipal, y de René Bedón, PhD en medio ambiente.
Pantoja señaló que sus propuestas se sustentan en cuatro ejes: transparencia, fiscalización, participación ciudadana y obligatoriedad. En materia de acceso a la información, recomendó que la normativa disponga la publicación de bases de datos abiertas, crudas y desagregadas sobre las transferencias y contrataciones financiadas con estos recursos, de manera que puedan descargarse, reutilizarse y ser objeto de control ciudadano.
Asimismo, propuso que el incumplimiento en la presentación o publicación del informe anual de proyectos, así como la falta de actualización de la información financiera dentro de los plazos establecidos, sea sancionado conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Otra de sus observaciones plantea incorporar un artículo que garantice que los proyectos financiados con las transferencias derivadas de la generación eléctrica respondan al cierre de brechas en servicios básicos e infraestructura, en concordancia con los respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial.
Por su parte, Bedón sostuvo que la eliminación del «piso ambiental» requiere una justificación técnica reforzada, debido a la importancia de mantener recursos destinados a la protección del ambiente. Además, indicó que la gestión ambiental debe trascender las acciones de forestación y reforestación para incorporar procesos de remediación, restauración ecológica y manejo integral de cuencas hidrográficas.
El experto añadió la necesidad de fortalecer el principio de equidad interterritorial y su relación con los sectores estratégicos; armonizar el texto con la reforma de 2023; ampliar el enfoque de forestación y reforestación hacia la remediación y restauración ecológica; reservar el manejo de cuencas hidrográficas al ámbito provincial; mantener un piso mínimo de inversión ambiental con sustento técnico; remitir los procesos de socialización a los mecanismos de participación ciudadana ya existentes; entre otras.
AM
