El Pleno de la Asamblea Nacional, con 143 votos afirmativos, aprobó iniciar un proceso de fiscalización sobre las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad (Segura EP) en la ciudad de Guayaquil. La Comisión de Seguridad Integral será la encargada de llevar adelante este proceso de investigación.
La propuesta fue presentada por el asambleísta Andrés Castillo, quien fundamentó su solicitud al señalar que la Asamblea Nacional, como “caja de resonancia de los grandes debates nacionales”, debe pronunciarse sobre hechos de interés público relacionados con presuntos actos de espionaje y el uso indebido de recursos estatales.
Durante su intervención, el legislador manifestó que en audios difundidos públicamente se evidenció la participación de ciudadanos en conversaciones sobre la presunta intervención de cámaras de seguridad de una empresa pública para vigilar a otras personas, así como la utilización de medios de comunicación públicos y recursos institucionales con fines particulares.
“No se puede permitir que la seguridad de los ciudadanos esté violentada permanentemente por un grupo político. La seguridad es un derecho, pero también es un valor que debemos precautelar, un valor por el que estamos luchando todos los días en el Ecuador”, enfatizó.
Asimismo, sostuvo que la seguridad debe protegerse no solo frente al crimen organizado, sino también frente a quienes, según indicó, pretenden utilizar estructuras del Estado para intereses particulares.
En este contexto, la Comisión de Seguridad Integral estará facultada para requerir información, documentación e informes técnicos, además de convocar a autoridades, servidores públicos, representantes institucionales, especialistas y demás personas que considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación.
Asimismo, deberá presentar al Pleno de la Asamblea Nacional un informe con las conclusiones, observaciones y recomendaciones derivadas del proceso de fiscalización, en un plazo de 60 días.
Finalmente, se dispuso que la Secretaría General de la Asamblea remita la resolución a las instituciones competentes: Comisión de Seguridad Integral; al Ministerio del Interior; a la Policía Nacional; al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911; a Segura EP; a la Contraloría General del Estado; y a la Fiscalía General del Estado, para su conocimiento y seguimiento.
JC
