Una vecina de 25 años saca dinero de la cuenta bancaria de un jubilado de 78 años, dejándolo sin recursos para comprar alimentos y medicinas. Una cuidadora ignora sistemáticamente los pedidos de atención médica de una mujer de 87 años. Un hijo repite a su padre de 95 años que es “una carga” y lo insulta constantemente.
Estas escenas, lejos de ser casos aislados, ocurren a diario en hogares, residencias y comunidades alrededor del planeta. De acuerdo con un análisis de 94 estudios realizados en 35 países, publicado en la revista BMC Public Health, más de 1 de cada 4 adultos mayores sufre algún tipo de abuso. Los investigadores advierten que esta cifra probablemente es inferior a la realidad, ya que el miedo, la dependencia del agresor y el estigma social impiden que muchos casos salgan a la luz.
Este 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha elegido para esta edición el lema “Más allá de la sensibilización: lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores”.
El mensaje es contundente: la concientización ya no es suficiente. Se requieren acciones concretas de prevención, respuesta y protección.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato en la vejez abarca cualquier acción única o repetida —o la omisión de la acción adecuada— que ocurra dentro de una relación de confianza y que cause daño o angustia a una persona mayor. Puede manifestarse en el hogar, en residencias geriátricas o en la comunidad, y casi siempre es perpetrado por alguien cercano a la víctima.
“Se debe tener en cuenta que el abuso hacia las personas mayores no es un asunto privado ni individual, sino una vulneración de derechos humanos. Por lo tanto, nadie puede ser indiferente”, afirmó la psicóloga argentina Alejandra Vázquez, especialista en violencias contra adultos mayores y docente de posgrados sobre gerontología y violencias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en una entrevista con Infobae.
Cuando se detectan señales de que un adulto mayor es víctima de abuso, sus vecinos, médicos, amigos o familiares “no deben minimizar la situación ni asumir que forma parte de los conflictos cotidianos. El abuso no debe quedar reservado al ámbito privado. Es un delito y debe ser denunciado”.
Vázquez agregó que “es fundamental escuchar a la persona mayor con respeto, sin juzgar. Hay que evitar presionarla, porque muchas veces siente miedo o vergüenza y sufre dependencia emocional y económica respecto de quien ejerce la violencia”.
“La intervención temprana es clave, porque las consecuencias del maltrato pueden afectar gravemente la salud física, emocional, social y económica de las personas mayores”, subrayó la especialista.
Las formas del abuso y su frecuencia
La revisión publicada en BMC Public Health, que analizó datos de 776.044 personas, identificó seis tipos de maltrato. El más común es el abuso emocional o psicológico, que incluye insultos, humillaciones y amenazas, con una prevalencia del 20,9%.
Le sigue la negligencia, que ocurre cuando quien cuida a una persona mayor no le proporciona alimentación, atención médica o protección necesaria, con un 19,3%. La explotación financiera, entendida como el uso ilegal o inapropiado del dinero o bienes de la persona, alcanza el 11,7%.
El abuso verbal llega al 11%, el físico al 7,9% y el sexual al 1,5%, aunque este último está subregistrado debido al estigma que rodea su denuncia.
Las mujeres enfrentan tasas de abuso más altas que los hombres. Los entornos institucionales, como las residencias de larga estadía, presentan tasas ligeramente superiores a las de los hogares, en parte por la falta de personal capacitado y los desequilibrios de poder entre cuidadores y residentes, según los investigadores de universidades de Australia y Etiopía.
Señales concretas que no deben ignorarse
Identificar el abuso a tiempo puede marcar una gran diferencia. La Unidad de Prevención del Abuso a Personas Mayores de Australia enumera señales claras en distintos ámbitos:
- Emocional: tristeza persistente, miedo, apatía, alteraciones del sueño, reticencia a hablar libremente o resignación ante situaciones que claramente no son adecuadas.
- Financiero: facturas sin pagar, transacciones bancarias sospechosas, retiros frecuentes en cajeros acompañados por otra persona, cambios repentinos en testamentos o poderes notariales, e incapacidad para cubrir necesidades básicas.
- Físico: moretones o heridas sin explicación, pérdida de peso repentina, heridas sin tratar, mala higiene o signos de sedación inapropiada.
- Entorno: el hogar en malas condiciones, la persona no puede salir sola ni recibir visitas, o alguien más toma todas las decisiones por ella.
Se proyecta que para 2050 la población mundial de personas mayores de 60 años alcance los 2.100 millones, el doble que en la actualidad. La ONU ha alertado que, sin políticas específicas de prevención, el número de víctimas de abuso crecerá al mismo ritmo que la población que envejece.
Normas que protegen a los adultos mayores
Este panorama tiene, al menos en América Latina, un marco legal que comienza a ofrecer respuestas. En diálogo con Infobae, la abogada Isolina Dabove, doctora en derechos humanos e investigadora principal del Conicet en derecho de la vejez, destacó que en la región está aumentando la concientización y el registro de casos de abuso a personas mayores.
“Existe un instrumento legal de protección específica para los adultos mayores y es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el año 2015”, explicó.
Esa Convención, que ya cuenta con 14 ratificaciones en América y tiene rango constitucional en Argentina, establece el derecho de toda persona mayor a vivir una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir trato digno y a ser respetada sin distinción de raza, sexo o idioma.
El instrumento define la violencia contra la persona mayor como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado, e incluye el abuso financiero y patrimonial, la explotación laboral, el abandono y la negligencia, señaló Dabove.
Los Estados Parte se comprometieron a adoptar medidas legislativas y administrativas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia, así como a fortalecer los mecanismos de denuncia y garantizar reparación a las víctimas.
“Todas las personas que toman conocimiento de un hecho de abuso, maltrato o violencia hacia una persona mayor están habilitadas, es decir, legitimadas, para interponer una denuncia, para contar esos hechos ante la autoridad de control más cercana. En la Argentina, la denuncia se puede hacer en la comisaría del barrio, la fiscalía que esté de turno o un juzgado”, indicó la doctora, quien como investigadora del Conicet trabaja en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio Lucas Gioja” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina no solo toma las denuncias, sino que también gestiona los dispositivos legales para poner fin al abuso lo más rápido posible.
“Cuando se hace la denuncia, se pueden presentar registros, fotos o videos y la investigación será facilitada”, afirmó Dabove. La Justicia puede ordenar medidas como dispositivos de alerta, prohibiciones de acercamiento, prohibiciones de contacto y medidas de exclusión del hogar.
En la Ciudad de Buenos Aires, el programa Proteger, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, ofrece asistencia psicológica, legal y social, y puede contactarse al 0800-222-4567.
Quien detecte una situación de abuso o la sufra no está solo: existen herramientas legales, instituciones y profesionales dispuestos a intervenir.
Fuente: Infobae