El uso de indumentarias policiales para realizar atracos, llevarse a víctimas de secuestros de viviendas e incluso cometer actos violentos en urbanizaciones privadas han sido algunas de las prácticas empleadas por grupos delictivos en Ecuador en años recientes.
Las organizaciones delictivas, que además han aumentado el uso de armas de alto calibre, tratan de sofisticar sus operaciones con la utilización de indumentarias alusivas a las fuerzas del orden para tratar de engañar a los ciudadanos en sus predios privados o a guardias privados en conjuntos cerrados.
Frente a esta dinámica, en la Asamblea recientemente se aprobó el informe de proyecto en segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales.
En este cuerpo legal se incrementan las penas para quienes usen esta clase de vestimentas, con sanciones de tres a cinco años para quienes busquen inducir al error a un tercero simulando controles, operativos u otros procedimientos.
Además, si la conducta involucra el uso de uniformes de la Policía o de las Fuerzas Armadas, la pena se ampliaría de cinco a siete años.
En tanto, la fabricación, importación, comercio y venta ilícita de este equipamiento puede implicar sanciones de uno a siete años.
En el primer trimestre de 2026 se registraron 550 acciones bajo procesos judiciales vinculados a la usurpación y simulación de funciones, con una mayoría de casos en Guayas (187), provincia seguida por Pichincha (140). La tasa condenatoria no supera el 30 %, expuso la asambleísta independiente Jhajaira Urresta, integrante de la comisión, con base en datos de la Judicatura, en medio del debate.
“Eso no solamente es problema de delincuencia, sino que es un problema de herramienta jurídica insuficiente; por lo tanto, el Estado tiene que llegar a este combate, no de manera desarmada normativamente. Por lo tanto, esta ley da a la Fiscalía los instrumentos necesarios para construir casos sólidos, que la justicia no fracase ante las puertas de un tribunal”, expuso ella, al mostrar su apoyo al proyecto.
Sobre este tema, Antonio Delgado, experto en seguridad, explicó que esta reforma es buena para la seguridad, tomando en cuenta que el delito es dinámico y sufre continuas transformaciones.
“En buena hora que la Asamblea está tomando medidas, va a ser un agravante de delitos que sirva como herramienta más a la fuerza del orden para controlar”, comentó.
Indicó que esta regulación también debe crear mayor corresponsabilidad ciudadana para evitar la práctica de ubicar civiles como guardias de seguridad que lleven indumentaria muy similar a la de las fuerzas del orden. Aquello, dijo, genera confusión entre quienes son cuidadores de un espacio y los que buscan cometer actos irregulares para aprovecharse de la vestimenta.
“La ciudadanía cree que está ahorrando plata poniendo a un civil de guardia de seguridad, uniformándolo con apariencia, pero al final causa un perjuicio; entonces, la ciudadanía debe aportar porque, a nivel macro, causa un perjuicio, aunque en su economía personal cree que se está ahorrando”, dijo.
El experto indicó que la promoción de este tipo de regulaciones es importante para que la ciudadanía tome conciencia y disminuya su uso, así como ocurrió con la falta de uso de placas en autos.
Hace un año, por ejemplo, recordó que había una proliferación de automotores sin placa, pero —según él— en recientes meses ha palpado una merma del incumplimiento de este artículo de identidad, a partir del involucramiento de ciudadanos para restringir en ciudadelas cerradas su acceso, en complemento con los controles operativos de las autoridades.
“Ahorita ha disminuido drásticamente a fuerza de que la sociedad civil empezó a poner letreros en todas las ciudadelas diciendo: ‘No permito el ingreso de carros sin placa’. Hay normativa de que no puedes andar sin placa, pero no se ejecutaba y hoy disminuyó”, expresó.
Kléber Sigüencia Suárez, abogado penalista, también apuntó que la reforma del COIP tenía penas no proporcionales por el uso de insignias, atuendos y uniformes de las fuerzas del orden y agentes de autoridad, mientras que la reforma precisa las modalidades a través de las cuales se cometen este tipo de infracciones y se endurecen las sanciones de privación de libertad.
Explicó que el aprehendido podría ser procesado por un concurso real de infracciones al usar indumentarias de manera fraudulenta cuando se comete un secuestro, robo u otro delito. “Antes solamente se establecía el uso de insignias falsas o uniformes para el engaño, pero la reforma amplía la conducta penal relevante”, explicó.
Así como Delgado, el académico dijo que la normativa deberá seguir evolucionando en función de los cambios y adaptaciones de las modalidades de los delincuentes.
Agregó que en la práctica todo girará en torno a la interpretación de la norma, dependiendo de la actuación del sistema judicial, fiscales, abogados, policías, de cómo se aplique la norma para que cumpla con su finalidad. “Es decir, la prevención del delito, la impunidad de los mismos y la reparación integral de la víctima”, puntualizó.
Siguencia añadió como sugerencias que se deberían regular las empresas que se dedican a la fabricación de indumentarias militares y policiales, además de establecer códigos en los uniformes para realizar verificaciones in situ de la persona que se presenta como servidor de una entidad.
Para regular el comercio de indumentarias, Delgado además planteó prohibir la importación de equipos tácticos, incluyendo uniformes, por un periodo determinado. Manifestó que los controles de uso de uniformes se deben intensificar de manera general en los comercios donde se expenden. (I)
Fuente: El Universo
