La reciente ratificación de la detención provisional para Luis Oliva, quien fuera administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), representa un nuevo capítulo en la ofensiva judicial contra presuntos actos de corrupción en Panamá. La medida fue confirmada por un tribunal tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.
El caso de este exfuncionario del gobierno de Laurentino Cortizo se suma a una serie de investigaciones por peculado. En las últimas semanas, varias diligencias han alcanzado a exrepresentantes, extesoreros de juntas comunales y exempleados de distintas entidades públicas. En total, los expedientes acumulan afectaciones económicas superiores a los 9 millones de dólares.
Luis Oliva y el incremento patrimonial no justificado
La Fiscalía Anticorrupción logró que el tribunal mantuviera la privación de libertad de Luis Oliva. La investigación, que avanza bajo la figura de presunto enriquecimiento injustificado, detectó un incremento patrimonial significativo. De acuerdo con la Contraloría General de la República, el exdirector de la AIG habría registrado un aumento de más de 937 mil dólares que no pudo justificar adecuadamente ante las autoridades.
El nombre de Luis Oliva ya aparecía en otras pesquisas relacionadas con posibles irregularidades en la gestión de la plataforma Vale Digital. Este sistema fue creado durante la emergencia por la pandemia de Covid-19 para canalizar subsidios económicos a miles de panameños afectados por la suspensión laboral y las restricciones sanitarias.
Por estos hechos, también se le investiga por los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita. Cabe recordar que Vale Digital fue una de las principales herramientas de asistencia social. Posteriormente, evolucionó al sistema Listo Wallet, que continuó administrando beneficios sociales. Las indagaciones cobraron fuerza tras denuncias sobre una presunta cesión irregular de derechos vinculados al sistema tecnológico.
Operativos en Panamá Oeste: Operación Umbral
Mientras el caso AIG acapara la atención por la relevancia del programa social, otros expedientes han puesto bajo la lupa el manejo de fondos en gobiernos locales. Uno de ellos es la Operación Umbral, ejecutada por la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y el Ministerio Público en la provincia de Panamá Oeste.
En este operativo, fueron detenidos el exrepresentante de la Junta Comunal de El Coco y dos extesoreros de esa misma administración local. Se les investiga por el delito de peculado. Según los informes preliminares, las irregularidades financieras ocurrieron entre 2019 y 2022 y provocaron una lesión económica al Estado de 128,823.50 dólares. Los tres implicados quedaron a disposición de las instancias judiciales.
Exfuncionaria de la Lotería y el caso de Colón
A este expediente se suma la captura de una exfuncionaria de la Lotería Nacional de Beneficencia en la provincia de Colón. La mujer fue aprehendida durante un allanamiento en una residencia del Barrio Norte, realizado por la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. La investigación se relaciona con hechos de 2021, cuando la sospechosa trabajaba como cajera en la institución.
El Ministerio Público la vincula con delitos contra la administración pública en distintas modalidades de peculado. Aunque el monto exacto de la afectación no ha sido revelado, el caso forma parte de una serie de
investigaciones abiertas por presuntas anomalías en entidades del Estado.
Operación Eco Distante: La mayor lesión económica
Sin embargo, el expediente que registra la mayor afectación es la Operación Eco Distante. Esta acción, coordinada entre la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Inteligencia Policial, permitió la detención de siete personas vinculadas con el manejo irregular de fondos de la Junta Comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito.
Entre los investigados figuran exfuncionarios y particulares. Las autoridades señalan que estos habrían recibido cheques y pagos sin sustento válido, provenientes de recursos públicos. Las auditorías de la Contraloría General de la República determinaron una lesión económica de 8,098,668.62 dólares. De ese total, más de 7.3 millones de dólares habrían sido desembolsados bajo el concepto de “servicios prestados” sin la documentación que respalde los pagos, según las conclusiones preliminares.
Estos casos forman parte de una estrategia del Ministerio Público para reforzar la persecución de delitos contra la administración pública y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. La tendencia también se refleja en procesos recientes sobre fondos de descentralización y proyectos comunitarios.
En los últimos meses, las autoridades han adelantado investigaciones y condenas vinculadas a juntas comunales y centros educativos. Un ejemplo es la Operación Pupitre, que investiga presuntas irregularidades por unos 130 mil dólares en un centro educativo. Asimismo, en la provincia de Coclé, un exrepresentante y un extesorero fueron condenados a cinco años de prisión por malversar más de 301 mil dólares en fondos públicos.
Según el Código Penal panameño, el delito de peculado se configura cuando un servidor público se apropia, distrae o permite el uso indebido de bienes del Estado. Las penas pueden alcanzar hasta 10 años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Mientras continúan las investigaciones y se desarrollan las audiencias, estos expedientes evidencian el creciente escrutinio sobre el uso de los recursos estatales en Panamá. El desenlace de estos casos será clave para medir la efectividad de los esfuerzos por combatir la corrupción y recuperar los fondos desviados.
Fuente: Infobae
