La defensa del ministro Roberto Luque insistió en que su cliente no tiene ninguna participación en las presuntas irregularidades investigadas en el caso Apagón (Progen).
El abogado Aníbal Quinde aseguró que los elementos recabados durante la investigación por el presunto delito de peculado no vinculan al funcionario con los hechos y cuestionó el rumbo que ha tomado el proceso.
Defensa cuestiona el enfoque de la investigación
Quinde señaló que la reciente ampliación de la versión del técnico Celso Sánchez refuerza la posición de la defensa. Según el jurista, las declaraciones incorporadas al expediente evidenciarían que existió un interés por involucrar a Luque en el caso, pese a que, a su criterio, las pruebas no apuntan hacia él.
“Querían la cabeza de Roberto Luque”, manifestó el abogado al referirse a las declaraciones rendidas dentro del proceso. Sin embargo, no precisó quiénes estarían detrás de ese supuesto intento ni explicó cuáles habrían sido las motivaciones para buscar la vinculación del ministro.
El defensor también cuestionó el trabajo de la Fiscalía y sostuvo que la investigación habría sido selectiva. Según dijo, existe documentación e información relevante que no habría sido incorporada ni analizada dentro del expediente, lo que habría limitado el alcance de las indagaciones.
Quinde afirmó que las evidencias practicadas hasta el momento demuestran que Luque no tuvo participación en las contrataciones investigadas. Además, señaló que la información pendiente de revisión reforzaría esa conclusión.
Pide investigar a otros involucrados
El abogado sostuvo que la Fiscalía debe profundizar el análisis de toda la documentación disponible para identificar a los verdaderos responsables de las presuntas irregularidades relacionadas con Progen.
En ese sentido, aseguró que existen otras personas que deberían ser vinculadas al proceso y que la investigación debe orientarse hacia quienes tuvieron participación directa en los hechos bajo análisis.
Quinde afirmó que los responsables serían funcionarios y representantes relacionados con la empresa Progen, por lo que consideró necesario ampliar las investigaciones hacia esos actores. Sus declaraciones coinciden con pronunciamientos realizados previamente por una asambleísta oficialista sobre la necesidad de establecer responsabilidades en torno a la contratación.
El defensor reiteró que la defensa permanecerá vigilante del desarrollo del proceso y de las actuaciones de la Fiscalía.
Añadió que la ciudadanía tiene derecho a conocer toda la información relacionada con el caso y sostuvo que las conclusiones deben construirse a partir de una revisión integral de las pruebas para determinar quiénes son los responsables de los hechos investigados.
