El macabro hallazgo del cuerpo de Lyhanna Rameau, de apenas 11 años, ocurrió el pasado jueves 4 de junio en una granja abandonada en la región de Occitania, al sur de Francia. La pequeña había desaparecido una semana antes, el viernes 29 de mayo, después de que Jérôme Barella, un hombre de 41 años y padre de dos compañeras de colegio de la víctima, la recogiera en su vehículo. Barella afirmó haberla dejado en la piscina municipal, pero la realidad fue muy distinta: la asesinó y ocultó su cuerpo.
Este crimen ha conmocionado a Francia no tanto por su crudeza, sino por la reiterada inoperancia del sistema judicial que permitió que el agresor actuara impunemente. Contra Barella pesaban múltiples denuncias por abusos a menores desde 2017, pero ninguna fue suficiente para detenerlo a tiempo. El domingo siguiente al hallazgo, miles de personas se manifestaron en silencio por las calles de Fleurance, la localidad donde residía Lyhanna. Las protestas se replicaron el lunes en París, donde la ciudadanía exigió la renuncia del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien hasta ahora descarta dejar el cargo. “La cuestión de mi permanencia (en el gobierno) solo se plantearía si no estuviera asumiendo mi responsabilidad”, declaró.
El presidente Emmanuel Macron reconoció las deficiencias: “Está claro que hay un fallo y que no podemos ignorar que han salido a la luz las carencias”. El Ejecutivo galo insiste en que el problema no radica en la falta de recursos, sino en la falta de priorización de casos urgentes. Por ello, han ordenado a todos los fiscales generales revisar minuciosamente las 70.000 denuncias relacionadas con menores que actualmente se acumulan en el país.
El “gran fracaso” de la justicia francesa
Los antecedentes de Jérôme Barella son escalofriantes. La primera denuncia en su contra se presentó en 2017, cuando una mujer lo acusó de mantener relaciones sexuales con su hija de 17 años. En ese entonces, Barella tenía 30 años y logró salir sin cargos luego de que la menor afirmara que las relaciones fueron consentidas.
En 2021, una segunda alerta surgió desde el instituto donde trabajaba: fue despedido por conducta inapropiada tras la queja de una alumna. Un año después, otra denuncia lo señaló como presunto violador de una niña de siete años en 2020. El caso fue archivado por falta de pruebas. Apenas meses antes del asesinato de Lyhanna, en agosto de 2025, otra madre denunció que su hija de 12 años había sido violada en casa de Barella. El sospechoso nunca fue interrogado por estos hechos.
El fatídico 29 de mayo, Barella recogió a Lyhanna tras la salida del colegio. Según su versión, la dejó en la piscina municipal. Sin embargo, la piscina permanecía cerrada ese viernes. Tras una intensa búsqueda de una semana, el cuerpo de la niña fue localizado el jueves 4 de junio en una granja abandonada cerca de la comuna de Puycasquier, en el sur de Francia. Barella fue detenido como el principal sospechoso. La autopsia aún no ha determinado la causa de la muerte ni si la menor sufrió agresión sexual.
El ministro Darmanin compareció ante los medios el viernes pasado para ofrecer disculpas por lo que calificó como un “gran fracaso” en la gestión de las denuncias contra este tipo de sospechosos, y prometió decir “toda la verdad” al pueblo francés.
70.000 denuncias pendientes de revisión
El Gobierno ha instruido a los fiscales a reexaminar las 70.000 denuncias legales por delitos contra menores. “¿Es el caso Lyhanna un fracaso aislado? ¿O es que, de manera más sistémica, existen muchos más casos como este?”, cuestionó Darmanin.
Los fiscales generales tienen hasta el 14 de julio, Día Nacional de Francia, para inventariar “la totalidad de las denuncias que están en su conocimiento en las fiscalías en las que se haya abierto una investigación que no haya dado lugar a una instrucción judicial o a una clasificación y en las que no se hayan realizado manifiestamente actos de investigación”, según detalló el ministro.
La tarea parece titánica para el sistema judicial francés. En una carta enviada al ministro de Justicia, Ludovic Friat, presidente de un sindicato de magistrados, advirtió que los profesionales judiciales no pueden cumplir con la exigencia de Darmanin al contar con “cuatro veces menos fiscales que el promedio europeo”. El Gobierno, no obstante, sostiene que el problema no es la falta de recursos, ya que el presupuesto para justicia ha aumentado un 48,5% desde 2017. Sin embargo, ese dinero se ha destinado principalmente al sistema penitenciario.
Mientras tanto, las denuncias por abusos a menores continúan sin respuesta. Un informe de la Comisión independiente sobre el incesto y la violencia sexual contra los niños (Ciivise) reveló que cada año 160.000 niños son víctimas de agresión sexual en Francia, pero solo una de cada 100 denuncias termina en condena.
Fuente: Infobae