En medio de las apelaciones presentadas contra la prisión preventiva dictada en el caso Blindaje, la defensa de Vicko Villacís pidió que el alcalde de Esmeraldas y otros tres procesados sean trasladados del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi a la Cárcel 4 de Quito.
Pedidos a la jueza
La solicitud fue ingresada el 5 de junio de 2026 por el abogado Gustavo García a través del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje).
La solicitud fue dirigida a la jueza Silvana Velasco, quien el 4 de junio de 2026 acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva contra Villacís y otras siete personas investigadas por el presunto delito de lavado de activos. Según Velasco, la medida era necesaria debido al riesgo de fuga y para garantizar la comparecencia de los procesados durante la investigación.
Además de la prisión preventiva, la jueza dispuso medidas cautelares reales, entre ellas la prohibición de enajenar bienes, la inmovilización de cuentas bancarias y restricciones sobre varios inmuebles identificados durante la investigación.
En su escrito, García pidió que Velasco ponga en conocimiento del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) una serie de circunstancias que, a criterio de la defensa, justifican una revisión urgente del lugar de reclusión asignado a Vicko Villacís, Luis Jheovanny Reyna Tenorio, Carol Zuleyka Lemos Hurtado y Jonathan Geovanny Monte Baguí.
Solicitan traslados a la Cárcel 4
El abogado solicitó expresamente que se evalúe el traslado de los procesados a la Cárcel 4, en Quito, con el objetivo de garantizar su vida, integridad física, salud y seguridad mientras permanecen bajo custodia estatal.
Entre los argumentos expuestos consta un incidente reportado recientemente en la cárcel de Cotopaxi, donde, según la defensa, se habría registrado la muerte de una persona privada de libertad.
Aunque el hecho aún debía ser verificado oficialmente por las autoridades competentes, García sostuvo que este acontecimiento incrementa la preocupación sobre las condiciones de seguridad existentes en ese centro penitenciario.
La defensa también expuso situaciones particulares de los procesados. Respecto de Vicko Villacís, señaló que su condición de alcalde de Esmeraldas y figura pública ampliamente reconocida podría convertirlo en blanco de amenazas, hostigamientos o represalias dentro del sistema penitenciario.
Por ello, consideró necesario adoptar medidas preventivas para evitar riesgos a su integridad física y psicológica.
La situación de los procesados
En el caso de Luis Jheovanny Reyna Tenorio, García recordó que posee una discapacidad psicosocial del 52%, condición que ya había sido expuesta durante la audiencia.
Según el escrito, el entorno de privación de libertad podría agravar su estado emocional y de salud mental. Durante la diligencia, la jueza también dispuso que el SNAI adopte medidas especiales para garantizar su atención y seguridad.
Respecto de Carol Zuleyka Lemos Hurtado y Jonathan Geovanny Monte Baguí, la defensa argumentó que cualquier afectación a su integridad también repercutiría en los derechos de su hijo menor de edad, debido a la dependencia familiar y afectiva existente.
La petición se presenta en paralelo a los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Kleber Andrés Salcedo Tomalá,
Jorge Bolívar Pinos Galindo y Diego Geovanny Montaño Tenorio.
Estos escritos constan en el sistema de la Función Judicial. El único que no aparece en el Satje como apelación presentada es Juan Alberto Lastre Castillo.
Origen del caso
La Fiscalía sostiene que el caso se originó a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Según el ministro del Interior, John Reimberg, la investigación permitió identificar una presunta estructura que habría movilizado alrededor de USD 15 millones mediante empresas vinculadas y operaciones financieras complejas.
Para las defensas, los recursos investigados provienen de pagos ordenados judicialmente a favor de trabajadores de Petroecuador.
Los procesados
- Vicko Alfredo Villacís Tenorio: alcalde de Esmeraldas.
- Luis Jheovanny Reyna Tenorio: señalado por Fiscalía como beneficiario de recursos relacionados con una acción de protección vinculada a trabajadores de Petroecuador. La jueza pidió al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) que atienda su enfermedad catastrófica (cáncer).
- Juan Alberto Lastre Castillo: abogado patrocinador de una acción de protección mencionada en la investigación.
- Diego Geovanny Montaño Tenorio: ayudante judicial de la Unidad Judicial de Atacames.
- Carol Zuleyka Lemos Hurtado: funcionaria del Municipio de Esmeraldas y vinculada a una organización no gubernamental.
- Jonathan Geovanny Monte Baguí: técnico de ventanilla de la Unidad Judicial de Atacames.
- Jorge Bolívar Pinos Galindo: juez de Nueva Loja y exjuez de Esmeraldas. Aunque su defensa pidió que se lo envíe a la Cárcel 4, la jueza consideró que el SNAI debe decidir.
- Kleber Andrés Salcedo Tomalá: exjuez de la Unidad Judicial Multicompetente de Atacames.
- Radio Pichincha
LV