La Fiscalía continúa este lunes 8 de junio de 2026 con la presentación de pruebas dentro del caso Triple A, en el que 15 personas naturales y seis jurídicas enfrentan un juicio por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, mientras crecen los cuestionamientos por un supuesto error de la entidad al procesar a una de las empresas señaladas en la causa.
Cuestionamientos a la Fiscalía
La diligencia se reinstaló en el Complejo Judicial Norte de Quito y, de acuerdo con el cronograma previsto, continuará los días 9, 10, 13 y 14 de junio.
El avance del juicio se produce en medio de cuestionamientos a la investigación fiscal.
El pasado 6 de junio, el abogado Ramiro García, integrante de la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, aseguró en su cuenta de X que la Fiscalía habría cometido un error al procesar a una de las empresas involucradas en la causa.
“El procesamiento en el caso Triple A ha sido tan mal armado, que hoy se acaba de dar cuenta Fiscalía que procesó a la persona jurídica equivocada. Imputó a COPEDESA S.A. por facturas de GASGROUP COPEDESA S.A., la cual ni siquiera se encuentra vinculada a este proceso”, escribió el jurista.
Fiscalía continúa con la presentación de su prueba
Mientras la defensa cuestiona la consistencia de la acusación, la Fiscalía continúa evacuando prueba testimonial para sustentar su teoría del caso. La investigación se originó tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que alertó sobre presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles.
La Fiscalía sostiene que una presunta red dedicada al almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos habría provocado un perjuicio de USD 61,5 millones al Estado ecuatoriano.
Así, en el denominado caso Triple A, la Fiscalía llevó a juicio a 16 personas naturales y seis jurídicas por este delito, tipificado en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Sin embargo, el proceso contra Fernando Viteri, primo del alcalde Aquiles Alvarez, quedó suspendido luego de que el Tribunal lo declarara prófugo por no presentarse a la audiencia de juzgamiento. Además, los jueces ordenaron su localización y captura.
La teoría de la Fiscalía
Según la teoría fiscal, existirían diferencias significativas entre los volúmenes de combustible despachados y los montos posteriormente facturados por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras.
Las jornadas de juzgamiento se han extendido incluso durante el fin de semana. Entre el sábado 6 y el domingo 7 de junio, la fiscal Ruth Amoroso presentó cinco testigos, todos funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), quienes participaron en inspecciones, controles, elaboración de informes y procedimientos administrativos relacionados con la causa.
Durante sus comparecencias, los funcionarios expusieron información contenida en expedientes e informes técnicos que observaron operaciones de empresas como Corpalubri S.A., Indudiesel S.A., Ternape S.A., Fuelcorp S.A. y Bienpetrol S.A., algunas vinculadas a Aquiles Alvarez y su entorno familiar, por presuntas ventas de combustible a segmentos que no estaban autorizados para adquirir esos productos.
El testimonio más extenso fue el de Gustavo F., inspector de combustibles, técnico de hidrocarburos y coordinador zonal de El Oro. Su intervención comenzó la tarde del sábado y se prolongó hasta el domingo debido al volumen de información técnica presentada. Durante esa comparecencia, la Fiscalía incorporó documentos y soportes digitales que forman parte de la cadena de custodia del proceso.
La fiscal Amoroso también anunció que prescindirá de siete testigos inicialmente previstos, por lo que aún restan 12 testimonios y cuatro pericias por practicarse antes de que concluya la etapa probatoria.
El juicio está a cargo del Tribunal Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, integrado por los jueces Jorge Sánchez (ponente) , Clara Elizabeth Soria Carpio y Víctor Darío Barahona Cunalata.
Radio Pichincha
LV