Al menos 48 personas perdieron la vida durante un violento enfrentamiento entre facciones disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el departamento del Guaviare, ocurrido a finales de mayo de 2026. La participación directa de alias Iván Mordisco encendió las alarmas entre las autoridades locales, que no lograron contener la escalada de violencia.
Los hechos tuvieron lugar en San José del Guaviare, donde dos grupos armados rivales —uno liderado por Iván Mordisco y otro por alias Calarcá— protagonizaron enfrentamientos que dejaron decenas de fallecidos y heridos, sumiendo a la comunidad en una profunda crisis de seguridad.
La masacre se desarrolló entre el 24 y 26 de mayo. Los combates enfrentaron a más de 250 combatientes bajo las órdenes de Iván Mordisco contra los hombres de Calarcá. Según registros oficiales a los que accedieron investigadores, la emboscada comenzó alrededor de la 1:30 de la tarde del día 24.
En las primeras horas del conflicto, más de 14 cadáveres fueron apilados en la escuela La Siberia y exhibidos como “trofeo de guerra”, de acuerdo con testimonios recogidos en la zona. La facción de Calarcá aseguró que su enemigo sufrió 50 bajas y varios heridos, mientras que ellos mismos perdieron dos hombres y otros dos resultaron heridos. Además, capturaron a una mujer como prisionera de guerra, cuyo paradero actual se desconoce. Otra integrante, apodada “la Negra”, quedó gravemente herida y recibió atención médica improvisada en el mismo lugar.
La escuela convertida en hospital de guerra
El centro educativo La Siberia, que antes funcionaba como escuela, fue transformado en un hospital improvisado tras los combates. En su interior se observaban charcos de sangre e instrumentos quirúrgicos dispersos, evidencias del brutal nivel de violencia. Al menos una persona con conocimientos de enfermería atendió a los heridos entre los hombres de Calarcá.
Los cuerpos quedaron amontonados en el edificio. El grupo de Calarcá se apoderó de un importante arsenal: cuatro ametralladoras, 49 fusiles —incluyendo modelos R-15, AK-47 y Dragunov—, cientos de proveedores y más de 10.000 cartuchos, con lo que incrementaron su capacidad bélica en medio de la disputa. Durante la retirada, los disidentes exigieron a los habitantes que les proporcionaran sábanas, toallas y camillas para evacuar a sus heridos e improvisar apósitos. Tras ello, los pobladores cortaron toda comunicación y permanecieron resguardados en sus casas.
Crisis humanitaria en Guaviare tras la masacre
La ofensiva armada derivó en un confinamiento estricto para más de 900 personas, quienes quedaron sin acceso regular a agua, alimentos y energía eléctrica. El miedo a las minas antipersonales limitó aún más la movilidad y la llegada de ayuda humanitaria. Solo dos días después, una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y los bomberos de San José del Guaviare pudo ingresar a la zona. Recorrieron 140 kilómetros en lanchas rápidas por el río Guaviare, en un trayecto de seis o siete horas. La comisión recuperó los cuerpos y los preparó para su traslado al área urbana. Pese a la gravedad de la situación, la respuesta institucional se mantuvo limitada debido al peligro persistente y la desconfianza reinante.
Disputa entre disidencias y el control del narcotráfico
El origen del enfrentamiento radica en la disputa territorial entre las disidencias de las Farc por el control de las rutas del narcotráfico en la región. La cadena ilícita de la cocaína es su principal fuente de financiación: cada kilo de base de cocaína en Guaviare se negocia entre 2,6 y 2,8 millones de pesos (menos de 800 dólares estadounidenses). Estos grupos armados controlan tanto la producción como el tráfico de drogas; además trasladan combatientes desde departamentos como Cauca, Nariño y Urabá, expandiendo su presencia en zonas estratégicas. Aunque existen órdenes de captura contra varios líderes, la capacidad de intervención de las autoridades es muy limitada, lo que perpetúa la violencia y la inseguridad en las comunidades rurales.
Fuente: Infobae