El océano se divide en dos realidades contrastantes durante la madrugada: por un lado, la completa oscuridad; por el otro, una urbe flotante iluminada que se refleja sobre olas que superan los cuatro metros de altura. Quien relata esta experiencia viaja a bordo de uno de los cinco guardacostas de la Prefectura Naval Argentina (PFA) que vigila la Zona Económica Exclusiva nacional, las 200 millas marinas equivalentes a 370,4 kilómetros frente a la costa patagónica. El potero Chino Lurong Yuan Yu 669 navega, según informa su capitán, a menos de dos nudos (menos de cuatro kilómetros por hora). Esta embarcación foránea faena en la milla 201, pero si mantiene ese rumbo y velocidad, en cuestión de minutos ingresará a territorio prohibido. Los efectivos de la Prefectura se mantienen en alerta para intervenir: primero con una advertencia lumínica, luego sonora y, finalmente, con disparos de advertencia a babor y estribor.
Desde nuestra ubicación no se distingue la escena, pero los oficiales de la PNA imaginan que, desde el puente, los tripulantes chinos detectan en las pantallas de sonar cómo se desplaza una masa compacta. Se trata de miles de calamares Illex argentinus que emergen a la superficie y caen en las redes atraídos por los potentes focos.
Visto desde un satélite, el conjunto de la flota depredadora, calculada entre 300 y 500 embarcaciones concentradas en un radio de 90 kilómetros (50 millas), conforma una ciudad de tamaño medio en medio de la noche cerrada.
En la cubierta, alrededor de una decena de marineros originarios de países asiáticos como Indonesia, Filipinas, China y Vietnam trabajan sin descanso. Lanzan los calamares capturados a canastas plásticas que se llenan en minutos. Cuando el cardumen es abundante, explica un oficial de la PNA, los turnos pueden extenderse hasta 16 horas.
En los camarotes, quienes terminaron la jornada anterior intentan dormir, aunque con dificultad. Los especialistas señalan que, en estas naves, las literas están separadas por menos de medio metro. El ruido constante de los generadores y el balanceo del casco por el oleaje son incesantes.
Los poteros permanecen semanas o meses sin atracar en puerto alguno. No lo necesitan: periódicamente, un carguero frigorífico aparece en el horizonte, se acopla al costado y recibe la carga. Repostan combustible, alimentos y, en ocasiones, recambian parte de la tripulación. La pesca viaja directo hacia China sin someterse a ningún control portuario.
Poco después ocurre lo que los oficiales argentinos que patrullan la ZEEA anticipaban: el barco chino apaga el sistema de identificación automática (AIS). En las pantallas de seguimiento satelital en Buenos Aires, ubicadas en la sede de Puerto Madero de la PNA, la embarcación desaparece, pero continúa pescando, ahora dentro de la milla 200, en zona prohibida. En ese instante, la autoridad naval argentina inicia acciones para detener a la nave que depreda recursos naturales nacionales sin autorización, imponerle una multa y decomisar su carga, o forzarla a abandonar la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Pescar en el límite de la milla 200, conocida como milla 201, tiene un nombre: pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) acaba de cuantificar su dimensión económica: las flotas extranjeras que operan en la milla 201 extraen entre dos y cuatro veces más recursos que toda la industria pesquera argentina.
Según el detallado estudio al que accedió Infobae, mientras la pesca nacional desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales, las estadísticas internacionales sitúan las capturas de flotas foráneas en el Atlántico Sudoccidental entre 1,5 y 3 millones de toneladas por año. Entre 400 y 600 buques, principalmente de China, Corea del Sur y Taiwán, operan anualmente en la región, según el informe. Los niveles de extracción en la zona crecieron un 65% entre 2019 y 2024, y la flota china incrementó su esfuerzo pesquero en un 85% durante ese mismo período.
Existe una organización internacional dedicada a investigar delitos ambientales, pesca INDNR (ilegal, no declarada y no reglamentada), trabajo forzoso y explotación de recursos naturales, que ha confirmado que en el caso del calamar Illex, la combinación de sobrepesca y malas condiciones ambientales “podría provocar un colapso poblacional en apenas un año, porque es una especie de ciclo muy corto”.
El calamar, en el centro de la tormenta
El caso más alarmante para FULASP es el del calamar Illex argentinus, una especie de ciclo biológico breve —vive apenas uno o dos años— y pieza clave de la cadena alimentaria marina: es consumido por merluzas, mamíferos marinos, aves oceánicas y numerosas especies comerciales. Raúl Cereseto, presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, advirtió que “en el caso del calamar, que vive apenas uno o dos años y cumple un rol central en la cadena alimentaria, una mala combinación de sobrepesca y cambio ambiental puede generar que en el corto plazo estemos discutiendo no una pérdida económica, sino el agotamiento de recursos fundamentales para la pesca argentina y para todo el ecosistema del Atlántico Sur”.
La Environmental Justice Foundation (EJF), organización internacional que investiga delitos ambientales y pesca INDNR, corroboró que en el caso del Illex, la sobrepesca sumada a condiciones ambientales adversas “podría provocar un colapso poblacional en apenas un año”, justamente por tratarse de una especie de ciclo muy corto.
Un antecedente concreto ya ocurrió: en 2024, las propias autoridades pesqueras de las Islas Malvinas cancelaron la segunda temporada de calamar Loligo porque la biomasa estimada cayó por debajo del umbral de conservación de 10.000 toneladas.
Prácticas de evasión y el rol de las banderas de conveniencia
Entre las tácticas documentadas por las autoridades argentinas y organizaciones ambientales destacan el apagado deliberado del AIS, el uso de redes de arrastre prohibidas y la utilización de banderas de conveniencia. Desde 2020, embarcaciones de origen chino comenzaron a operar bajo pabellones de países como Vanuatu y Camerún para ocultar su procedencia real y eludir sanciones. En la temporada 2024-2025, al menos 13 buques con esas banderas fueron documentados en el límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), todos con salida desde puertos chinos y tripulaciones de esa nacionalidad.
La logística de la flota está diseñada para maximizar el tiempo en el mar: buques nodriza y cargueros frigoríficos se anclan en el borde de la ZEEA para reabastecer de combustible y alimentos a las naves menores y recibir la pesca capturada, lo que les permite operar durante meses sin tocar puerto.
Frente a este esquema, el gobierno argentino aplicó por primera vez una sanción de magnitud real. A través de una política de “tolerancia cero” coordinada entre la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, las autoridades impusieron una multa de $1.262 millones —incluyendo costos operativos por $799.00 — al arrastrero Bao Feng, un buque de capital chino con bandera de Vanuatu perteneciente a la empresa Hai Shun Shipping Co.
El Bao Feng fue detectado el 10 de enero por sistemas de vigilancia electrónica y satelital, cuando navegaba a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras de arrastre dentro de la ZEEA. Tras verificar nuevas incursiones a fines de marzo, se le aplicó la sanción, equivalente a cerca de un millón de dólares y récord en la materia. La PNA también multó a otros dos buques de la misma empresa: el Hai Xing 2 y el Bao Win, detectados con patrones de navegación compatibles con actividad pesquera ilícita. Ante las sanciones, Vanuatu procedió a dar de baja a los tres buques de su registro nacional.
El procedimiento marcó un precedente al demostrar que la detección electrónica tiene el mismo valor probatorio que la intervención directa en el mar, algo que históricamente había impedido la aplicación de sanciones efectivas en un frente marítimo de esa extensión.
Durante la Operaciones Mare Nostrum I, lanzada en febrero de 2025, la Armada Argentina desplegó aviones P-3 Orion y C-12 Huron, junto con las corbetas ARA Robinson y ARA Espora, e identificó unas 380 embarcaciones pesqueras extranjeras operando justo fuera del límite de la ZEEA.
La merluza, bajo presión
El fenómeno no se limita al calamar. Los propios informes pesqueros de las Islas Malvinas reconocen que la merluza hubbsi desova principalmente en aguas costeras patagónicas durante la primavera y el verano, y luego puede migrar hacia la plataforma de Malvinas para alimentarse. En 2024, allí se capturaron 54.714,5 toneladas de esa especie, el cuarto registro anual más alto desde 1989. La merluza de cola refuerza el mismo argumento de stock compartido: estudios genéticos y de microquímica de otolitos sugieren conectividad entre el Atlántico Sudoccidental y el Pacífico Sudoriental, lo que indicaría que se trata del mismo stock explotado por Chile, Argentina y las islas.
La problemática no es exclusiva del Mar Argentino. Ecuador, Perú, Chile e Indonesia también han denunciado la presencia masiva de flotas chinas en sus zonas jurisdiccionales. En 2020, la Armada ecuatoriana reportó más de 300 embarcaciones operando cerca de las Islas Galápagos. Las pérdidas económicas para Argentina superan los 1.000 millones de dólares anuales, de acuerdo con estimaciones de la Subsecretaría de Pesca.
El esquema de Malvinas: un tercio de la pesca argentina bajo licencias británicas
A la presión de la flota extranjera en la milla 201 se suma otra denuncia de FULASP: el Reino Unido ha consolidado en las Islas Malvinas un modelo de explotación de recursos migratorios de origen argentino mediante la entrega de cuotas pesqueras a largo plazo —de hasta 25 años— a flotas de terceros países, sin control del Estado argentino.
La investigación fue encabezada en los primeros días de abril por el propio Cereseto. A partir del cruce de datos públicos y privados, registros oficiales, información satelital y relevamientos propios, la fundación determinó que durante 2024 las capturas totales en aguas bajo control británico alcanzaron las 261.903 toneladas, uno de los niveles más altos de los últimos años. Dentro de ese volumen, el calamar Illex argentinus representó 146.689 toneladas, uno de los registros más elevados de la última década.
El esquema genera aproximadamente 1.000 millones de dólares por año y representa alrededor del 65% de los ingresos totales de las islas, con el Reino Unido recaudando casi 50 millones de dólares anuales en concepto de permisos. El circuito operativo carece de desarrollo productivo local: solo el 20% de lo capturado se descarga en Malvinas, el 10% se dirige al puerto de Montevideo y el 70% restante se transfiere directamente en alta mar hacia los países que reciben las cuotas. Para FULASP, ese volumen equivale a más de un tercio de toda la pesca argentina, y su extracción sin regulación del país de origen constituye un proceso de destrucción progresiva tanto del ecosistema marítimo como del entramado productivo nacional, con miles de empleos en riesgo.
Fuente: Infobae