Para la tarde de este 6 de junio de 2026 está prevista la sesión de la Comisión de Fiscalización en la que se avocará conocimiento y se calificará la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía Inés Manzano. En esa mesa existen dos escenarios posibles, con desenlaces distintos para el planteamiento impulsado por el correísmo.
La convocatoria fue realizada por el presidente de la comisión legislativa, Ferdinan Álvarez. La decisión no estuvo exenta de polémica, ya que la sesión se desarrollará de manera virtual y no presencial, como había solicitado el bloque de la Revolución Ciudadana.
¿Qué pasará en la comisión?
La mesa, presidida y controlada por ADN, conocerá la solicitud presentada por el correísmo en contra de Manzano a las 17:00 de este 6 de junio de 2026. A partir de allí se abren dos caminos. El primero es que la comisión califique el proceso e inicie su sustanciación.
Para ello será necesaria una argumentación y una moción que deberán ser sometidas a votación. ADN tiene cinco votos asegurados correspondientes a sus propios legisladores. A ellos suele sumarse uno más: el del exasambleísta de Pachakutik José Nango, considerado aliado del oficialismo.
En la mesa actúan cuatro asambleístas del correísmo. Con ese escenario, el bloque de la Revolución Ciudadana no podría reunir por sí solo los votos necesarios para que el proceso avance. La decisión queda en manos de ADN.
El segundo escenario es que la comisión determine, tras su análisis, que no se cumplen los requisitos para calificar el juicio político y proponga su archivo. En ese caso, el trámite concluiría en esa instancia.
Cabe recordar que esta es la segunda ocasión en que el correísmo busca enjuiciar políticamente a la exministra Inés Manzano. En el primer intento, durante 2025, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no dio paso a que la Unidad de Técnica Legislativa verificara el cumplimiento de los requisitos.
La queja del correísmo
Los cuatro legisladores que integran la Comisión de Fiscalización y pertenecen al bloque correísta emitieron un pronunciamiento la tarde del 5 de junio.
En el documento señalan que “este no es un tema cualquiera, hablamos de la crisis energética que sumió al país en apagones, de contratos cuestionados y de denuncias sobre la adquisición de equipos que hoy son objeto de investigación pública”.
A ello sumaron que, más allá de lo legal, este es un asunto de ética, responsabilidad y respeto. “Un tema de esta magnitud debía debatirse de manera presencial y de cara al país”, se lee en el comunicado.
Fuente: El Universo