Las autoridades de Letonia han difundido un informe que señala un incremento en la guerra jurídica impulsada por Rusia a nivel global, con el propósito de erosionar a las naciones occidentales y moldear sus decisiones políticas. El documento, elaborado por la Oficina de Protección de la Constitución (SAB) —el servicio de inteligencia letón—, indica que en el último año las instituciones rusas han revisado y ajustado sus estrategias para utilizar mecanismos legales, normativas y procesos judiciales como armas de presión política y diplomática.
El objetivo de esta estrategia es desalentar políticas contrarias a los intereses de Moscú y condicionar la agenda global mediante acciones legales directas contra líderes y funcionarios occidentales, así como a través de demandas presentadas ante tribunales internacionales. A esta denominada “guerra legal” se suman las ya conocidas campañas de desinformación vinculadas al Kremlin.
Alianzas estratégicas y el modelo iraní
El informe destaca que Rusia busca consolidar una posición jurídica común con estados aliados o neutrales. Además, estudia minuciosamente el precedente de Irán en litigios contra países occidentales en la Corte Internacional de Justicia de la ONU, especialmente en casos relacionados con sanciones y fondos congelados. Según el SAB, la intención es trasladar esas lecciones a la estrategia rusa y fortalecer su capacidad de influencia en organismos internacionales.
Nuevas tácticas de presión y propaganda legal
El documento de inteligencia detalla un conjunto de medidas implementadas por Rusia para potenciar su guerra jurídica. Estas incluyen:
- Programas de formación para árbitros y especialistas legales, tanto en territorio ruso como en países aliados.
- Centralización del monitoreo y organización de litigios internacionales.
- Aumento del personal dedicado a estas funciones.
- Mayor cooperación con países afines, como Bielorrusia, y promoción de diálogos coordinados con bloques como BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái.
El SAB advierte que la presión jurídica se extiende a la presentación de acciones legales contra funcionarios responsables de sanciones, el uso de sentencias internacionales con fines propagandísticos y la promoción de litigios contra naciones occidentales en tribunales y arbitrajes. Otro punto clave es la elaboración de un registro de jueces favorables a los intereses rusos y la promoción de magistrados propios en foros internacionales. También se mencionan campañas para desacreditar a la Corte Penal Internacional.
Demandas contra los Estados bálticos y riesgo de escalada
Entre las acciones más relevantes, el SAB señala la intención rusa de presentar una demanda contra los Estados bálticos ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU, alegando supuesta discriminación hacia la población rusoparlante. El informe subraya que, independientemente del resultado judicial, la simple presentación de la demanda serviría para amplificar mensajes propagandísticos y aumentar la presión sobre esas repúblicas, con el potencial de justificar acciones diplomáticas o incluso más agresivas.
La inteligencia letona advierte que el régimen ruso percibe una confrontación directa con Occidente en todos los ámbitos, incluido el legal. Destaca que, a finales de mayo de 2026, el presidente ruso firmó una ley que autoriza el envío de tropas al extranjero para proteger a ciudadanos rusos sometidos a procesos judiciales. Para Letonia, esto representa un nuevo instrumento de presión psicológica sobre las autoridades occidentales.
Fuente: Infobae