Luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmara la identidad de varios menores entre los fallecidos en los choques armados ocurridos en la vereda Barranco Colorado, zona rural de San José del Guaviare, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) emitió un pronunciamiento oficial rechazando categóricamente lo sucedido.
Los hechos se registraron el 27 de mayo durante enfrentamientos entre las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Una vez culminadas las diligencias forenses, Medicina Legal determinó que entre las víctimas mortales había 11 menores de edad, lo que generó una inmediata reacción de las entidades encargadas de velar por la niñez en Colombia.
Tras los operativos de recuperación, la entidad forense logró identificar a 43 de los 48 cuerpos hallados en la zona del conflicto. El informe oficial detalla que 39 de las víctimas identificadas son hombres y nueve son mujeres. De ese total, las autoridades reportaron que 11 son niños y adolescentes, un dato que encendió las alarmas sobre el reclutamiento forzado en regiones golpeadas por la violencia.
Detalles de los análisis forenses
El balance entregado por Medicina Legal precisó que, de los 11 menores fallecidos, ocho son varones y tres son mujeres. Esta revelación incrementó la preocupación de los organismos estatales frente al uso de niños en estructuras armadas ilegales. El reporte también indicó que cinco cuerpos aún no han sido plenamente identificados, mientras los equipos forenses continúan con las indagaciones judiciales y científicas.
Este suceso se perfila como uno de los más graves en los últimos meses en Colombia, tanto por el alto número de víctimas como por la presencia de menores dentro de los grupos armados que operan en esa región del país.
La masacre provocó la condena de múltiples instituciones nacionales, entre ellas el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la Nación, que exigieron celeridad en las investigaciones para determinar responsabilidades.
ICBF rechaza el reclutamiento infantil
Frente a los resultados forenses, la directora general del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, señaló que la muerte de los menores evidencia las terribles consecuencias del reclutamiento ejecutado por grupos ilegales. En declaraciones difundidas por medios locales, la funcionaria fue enfática al afirmar que las prácticas de guerra de estas estructuras continúan poniendo en jaque la vida de la niñez en diversas zonas del territorio colombiano.
“Las prácticas de guerra de Iván Mordisco y otros grupos ilegales siguen asesinando y poniendo en riesgo la vida de los niños y niñas”, expresó Cáceres en un mensaje público.
La directora también destacó que durante los últimos tres años el Estado ha logrado rescatar a más de 500 menores de organizaciones armadas ilegales, y que actualmente cerca de 300 niños y adolescentes participan en programas de desvinculación y recuperación.
El pronunciamiento del ICBF incluyó una condena directa a los hechos ocurridos en Guaviare. “Condenamos que en el enfrentamiento de Guaviare asesinaron a 11 niños y niñas que jamás debieron vincular a su guerra”, manifestó la funcionaria, dejando claro que ninguna confrontación armada justifica la participación de menores.
Asimismo, Cáceres hizo un llamado a los grupos armados para que respeten las normas del derecho internacional humanitario, desvinculen a los menores de sus filas y permitan que las comunidades afectadas vivan sin la presión de la violencia. Finalmente, reiteró que la protección de la infancia debe ser una prioridad absoluta en cualquier escenario del país.
Fuente: Infobae