La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aseguró que los testimonios rendidos durante la jornada judicial del caso Triple A dejaron en evidencia presuntas debilidades en la investigación impulsada por la Fiscalía.
Ramiro García, abogado de Álvarez, señaló que durante la audiencia declararon dos testigos que calificó como claves para el proceso.
El primero fue el agente policial que elaboró el informe en el que se sustentó la denuncia sobre una supuesta comercialización irregular de combustible por parte de empresas vinculadas al alcalde guayaquileño.
Según García, durante el interrogatorio el uniformado reconoció que nunca verificó físicamente la existencia de los volúmenes de combustible que supuestamente habrían sido comercializados de manera irregular.
Además, indicó que tampoco realizó una comprobación contable o documental de esos volúmenes.
El abogado añadió que el policía también admitió que el informe se basó en reportes previos del SRI y de la ARCH y que el documento no fue elaborado íntegramente por él, sino con información producida por terceros.
Posteriormente compareció un funcionario de la ARCH especializado en hidrocarburos, quien presentó varios informes relacionados con el caso.
De acuerdo con la versión de la defensa, el técnico sostuvo que las presuntas irregularidades detectadas, de existir, corresponderían a infracciones administrativas y no a delitos penales.
García afirmó además que el funcionario reconoció que la ARCH identificó variaciones inusuales en las ventas de 456 estaciones de servicio a escala nacional, pero que únicamente fueron denunciadas aquellas vinculadas a la comercializadora Copedesa, empresa relacionada con Aquiles Álvarez.
Otro de los puntos destacados por la defensa fue que el experto habría señalado que las comercializadoras de combustible actúan únicamente como intermediarias entre las abastecedoras y las estaciones de servicio, por lo que, según su criterio, no tendrían control sobre la venta final del producto.
Asimismo, indicó que el funcionario manifestó que nunca remitió estos hallazgos a la Fiscalía porque no los consideraba de naturaleza penal. También habría explicado que las únicas abastecedoras de combustible son Petroecuador y Primax, y que las comercializadoras no realizan ventas directas al consumidor final ni operaciones en zonas fronterizas.
Las declaraciones forman parte del proceso judicial conocido como caso Triple A, en el que la Fiscalía investiga presuntas irregularidades relacionadas con la comercialización de combustibles.