El lunes, Amnistía Internacional denunció el sistemático adoctrinamiento estatal al que son sometidos los menores en las escuelas de Rusia. La organización advirtió que estos centros educativos se han transformado en ‘fábricas de sumisión’, donde los niños y niñas están bajo una fuerte vigilancia.
‘Las autoridades rusas niegan a los niños y niñas el derecho a una educación de calidad utilizando clases y libros de texto cargados de propaganda para adoctrinarlos y justificar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, al tiempo que reprimen la libertad de expresión, el pensamiento independiente y el acceso a la información’, indicó la ONG en un comunicado.
Informe revela control ideológico
En su nuevo informe ‘Solo Fuentes Oficiales: Adoctrinamiento en el Sistema Educativo Ruso’, Amnistía documentó cómo se impone a los estudiantes de toda Rusia y la Ucrania ocupada ‘la ideología del Estado a través de un programa de estudios controlado por el poder central’. Además, detalló que los docentes reciben instrucciones para vigilar las acciones de sus alumnos en Internet, recopilar información sobre sus opiniones e informar a las autoridades sobre posibles disidencias.
Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, declaró:
‘Los centros escolares rusos han dejado de ser templos del saber para convertirse en fábricas de sumisión. El Estado ruso es quien determina lo que niños y niñas deben aprender de Rusia, sus vecinos y el resto del mundo.’
Asimismo, señaló que la intensidad y dimensión de las iniciativas del Kremlin para colocar el adoctrinamiento en el centro del sistema educativo lo convierten en un fenómeno sistémico.
Libros de texto obligatorios desde 2023
Desde 2023, el Ministerio de Educación ruso introdujo un único conjunto obligatorio de libros de texto de Historia y otros materiales que describen a Rusia como una ‘fortaleza sitiada’, niegan la identidad de Ucrania y presentan todas las intervenciones militares soviéticas y rusas como necesarias o legítimas. ‘Una educación concebida para privar a niños y niñas de la oportunidad de formarse sus propias opiniones y aprender a pensar de forma crítica e independiente es incompatible con las leyes y normas de derechos humanos’, recoge el texto.
Los intentos de formar una población estudiantil ‘obediente e incondicional’ se refuerzan mediante coacciones, vigilancia y perfiles. Struthers explicó que las autoridades están adoptando medidas profilácticas que incluyen la difusión de propaganda y la vigilancia clandestina del alumnado dentro y fuera de las aulas, incluso en Internet. En la práctica, estas directrices ‘fomentan el control de las ideas políticas, religiosas y personales de los niños’.
Amnistía lamentó que se esté pidiendo a los colegios ‘identificar a los estudiantes y miembros del personal cuyas opiniones, actividades online y asociaciones expresen deslealtad o susceptibilidad a influencias destructivas’. Entre los grupos objetivo están la Fundación Anticorrupción del fallecido Alexei Navalni, el movimiento juvenil Vesna y el ‘movimiento internacional LGTBI’, todos penalizados por alzar la voz en favor de los derechos humanos.
Violaciones a derechos humanos
Struthers afirmó que ‘las autoridades rusas han demostrado no tener límites en cuanto a lo que son capaces de hacer para imponer su narrativa ideológica profundamente politizada a la siguiente generación’. Esto constituye una violación del derecho de la infancia a la intimidad, la libertad de expresión y de asociación. ‘La mente de un niño o una niña no es propiedad del Estado’, subrayó.
Amnistía Internacional pidió a las autoridades rusas que garanticen que el programa de estudios, los libros de texto y otros materiales educativos no coarten la libertad de expresión. ‘Estudiantes y docentes deben tener acceso a una amplia diversidad de fuentes y poder debatir libremente sobre acontecimientos históricos y actuales sin miedo a represalias’, declaró. Asimismo, exigió anular todas las leyes que castigan la expresión pacífica, poner fin a la vigilancia ilícita, destruir datos recopilados ilegalmente y ofrecer reparación a las víctimas.
A finales de marzo, Pavel Talankin, director ruso ganador de un Óscar por el documental ‘Mr Nobody contra Putin’, fue incluido en la lista de agentes extranjeros de Rusia, acusado de crear contenido para ‘organizaciones indeseables’ y difundir información falsa. La película, codirigida con el estadounidense David, también ganó un BAFTA y muestra cómo se imparten clases en Rusia con un alto componente de propaganda sobre la guerra de Ucrania.
Fuente: Infobae