La asambleísta Mishel Mancheno, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), presentó este 1 de junio de 2026 un proyecto denominado “Ley Antimafias”. La propuesta fue entregada formalmente al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, y plantea una reforma integral a varios cuerpos legales.
La base conceptual inicial de este proyecto es que el crimen organizado no opera de forma aislada, sino como una estructura circular. En el centro se ubica la organización criminal, rodeada por diversos “anillos” de apoyo que incluyen a quienes dirigen, financian, reclutan y lavan activos, así como a quienes proveen infraestructura o corrompen a funcionarios públicos.
Bajo este enfoque, según un contexto general, la ley busca perseguir no solo a los cabecillas o ejecutores directos, sino a todos los actores que sostienen la red logística, tales como cobradores, “campaneros”, transportistas habituales y facilitadores de inmuebles o vehículos.
Catorce reformas
El proyecto contiene un total de 14 reformas internas distribuidas estratégicamente:
- Código Orgánico Integral Penal (COIP): se proponen 11 cambios para tipificar mejor el delito de delincuencia organizada, incorporando figuras como la pertenencia funcional, el reclutamiento de personas y el uso de infraestructura criminal (casas, bodegas o caletas).
- Ley de Extinción de Dominio: se incluye una reforma para permitir la administración provisional y asignación temporal de bienes incautados. El objetivo es evitar que los recursos vinculados a ilícitos queden abandonados o pierdan valor, permitiendo darles una utilidad pública o social antes de que concluya el proceso judicial.
- Código Orgánico de la Función Judicial: se establecen dos reformas para aumentar la responsabilidad en el sistema de justicia. Se introduce la responsabilidad disciplinaria para jueces que no motiven adecuadamente sus decisiones sobre prisión preventiva y la inhabilitación profesional para abogados que utilicen su profesión para proteger estructuras criminales.
Para el ministro del Interior, John Reimberg, la ley permitirá al Estado atacar las estructuras y las economías de las mafias. Asimismo, el funcionario señaló que el Estado no puede seguir asumiendo costos que benefician indirectamente a la criminalidad.
El ministro de Defensa también se refirió al actual sistema procesal. Destacó dos cambios operativos que permitirán las reformas al COIP:
- Detención por pertenencia: el ministro señaló que la ley permitirá detener a individuos por el solo hecho de pertenecer a un grupo delictivo conocido, sin necesidad de esperar investigaciones prolongadas durante las cuales los sospechosos siguen cometiendo delitos.
- Eliminación de la “puerta giratoria”: Reimberg cuestionó las medidas sustitutivas que permiten que sicarios y extorsionadores recuperen su libertad poco después de ser capturados. “Entran y por ahí mismo les dan las medidas sustitutivas… eso atenta contra la seguridad de los ecuatorianos”, sentenció.
Ejes temáticos:
- Reforma el delito de delincuencia organizada para identificar mejor los distintos roles dentro de una estructura criminal, como dirección, mando, financiamiento, planificación, control y colaboración externa.
- Incorporar herramientas para sancionar a quienes pertenecen funcionalmente a la organización, reclutan personas para fines delictivos o facilitan casas, bodegas, vehículos, caletas, galpones u otros espacios para su operación.
- Fortalecer la respuesta penal frente a delitos relacionados con hidrocarburos, derivados, gas licuado de petróleo, biocombustibles y favorecimiento de servidores públicos.
- Exigir una valoración más rigurosa del riesgo en casos de crimen organizado, incluyendo capacidad económica, capacidad armada, control territorial, redes de apoyo, intimidación de víctimas o testigos y posibilidad de continuidad criminal.
- Permitir administrar, preservar, vender anticipadamente o asignar temporalmente bienes incautados para evitar deterioro, abandono, pérdida de valor o reutilización criminal.
- Refrozar la obligación de motivar adecuadamente decisiones judiciales en casos graves e incorpora consecuencias para profesionales que usen su función para favorecer estructuras criminales.
- Radio Pichincha
LV