Resulta paradójico que un ciudadano pueda rastrear en tiempo real un envío de bajo costo desde su teléfono móvil, pero no tenga la misma facilidad para seguir el rastro de una licitación estatal que involucra miles de millones de pesos.
La resistencia burocrática suele esgrimir múltiples excusas técnicas para justificar esta falta de control. Sin embargo, en el fondo, la verdadera razón es la falta de voluntad política para implementar cambios profundos.
Nos encontramos en medio de la transformación tecnológica más relevante de la historia, mientras que el Estado argentino continúa anclado en estructuras operativas de mediados del siglo XX. Empresas como Mercado Libre, Globant y Ualá compiten globalmente con innovación de vanguardia. Cualquier ciudadano puede monitorear un paquete de bajo valor paso a paso desde su celular. El Estado, por su parte, opera con una velocidad y transparencia propias de la era del disquete.
¿Por qué existe esta asimetría? No hay una justificación válida. Simplemente, faltaron decisiones.
En Corea del Sur, varios distritos ya emplean blockchain para inscribir las evaluaciones de propuestas en licitaciones públicas. Las calificaciones quedan registradas de manera indeleble: ningún funcionario, por poderoso que sea, puede alterarlas. En Estonia, gran parte de la administración pública opera sobre plataformas digitales verificables, abarcando desde la salud hasta los tributos. En los Emiratos Árabes Unidos, el gobierno ejecuta un plan para incorporar agentes de inteligencia artificial con el objetivo de reducir un 50% del personal estatal, manteniendo o mejorando la calidad de los servicios.
Mientras tanto, en Argentina, la discusión se limita a “digitalizar procesos”, como si eso fuera un logro extraordinario.
Blockchain como herramienta de control en licitaciones
Antes de continuar, conviene aclarar brevemente qué es blockchain. Se trata de una base de datos con dos características únicas. Primero, es descentralizada: no reside en un único servidor controlado por un funcionario, empresa o gobierno, sino que se replica en múltiples computadoras simultáneamente. Segundo, es inmutable: una vez que se escribe información, queda registrada para siempre. Si alguien intenta modificar un dato, la red lo detecta y lo rechaza. Es la tecnología subyacente de Bitcoin, pero sus aplicaciones van mucho más allá: contratos inteligentes, historias clínicas, certificaciones académicas, registros de propiedad y, lo que aquí nos interesa, procesos de compras y contrataciones públicas.
El proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña propone implementar esta tecnología en todas las compras y contrataciones del sector público de la Ciudad: administración central, organismos descentralizados, empresas estatales y la propia Legislatura. En términos prácticos, significa que cada etapa de cada licitación quede registrada en una base de datos descentralizada e inalterable. El pliego original, las ofertas presentadas, los puntajes de evaluación, la adjudicación final. Nada puede borrarse. Nada puede modificarse. Y cualquier ciudadano puede auditar el proceso en cualquier momento, desde su celular.
La iniciativa también contempla que blockchain pueda combinarse con otras tecnologías, como la inteligencia artificial, siempre que contribuyan a los mismos fines de eficiencia y transparencia.
No se trata únicamente de transparencia. Se trata del dinero de los porteños. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, titulado “Mejor gasto para mejores vidas”, midió el costo de la ineficiencia técnica del sector público en América Latina. En Argentina, esa ineficiencia equivale al 7,2% del PBI, frente a un promedio regional de 4,4%. Somos líderes regionales en desperdiciar recursos públicos. Y uno de los tres rubros donde el BID identifica que se concentra esa ineficiencia son precisamente las compras públicas.
La única vía sostenible para reducir impuestos es contar con un Estado más eficiente. Y la única vía para lograrlo es incorporar tecnología. La tecnología que mejor combate la principal fuga de recursos del Estado argentino —la opacidad en compras y contrataciones— es blockchain.
Durante 40 años se ha prometido transparencia. Ha llegado el momento de programarla.
Cada peso que se desvía en una contratación irregular es un peso que sale del bolsillo de un contribuyente. Cada licitación amañada implica un servicio público de menor calidad o un impuesto más alto. No es una cuestión moral. Es un problema de diseño: hay que construir sistemas donde robar sea técnicamente mucho más difícil, y donde la auditoría no dependa de la buena voluntad del funcionario de turno.
Este proyecto es el primero de una serie de iniciativas que se impulsarán con un objetivo claro: comenzar a edificar un Estado del siglo XXI. Un Estado al que no haya que pedirle confianza ciega, porque sea verificable.
Alan Turing y el equipo de Bletchley Park utilizaron la criptografía para descifrar el código Enigma y contribuyeron a ganar la Segunda Guerra Mundial: rompieron un cifrado para revelar lo que el enemigo ocultaba. Hoy, la misma disciplina puede emplearse para ganar la guerra contra la corrupción.
Fuente: Infobae