El ruido ensordecedor de las hélices atravesaba el cielo gris de Chalatenango entre el 27 de mayo y el 9 de junio de 1982. No se trataba de operativos de rescate; eran helicópteros del ejército salvadoreño que aterrizaban cerca de los ríos Sumpul y Gualsinga para poner en marcha la ofensiva militar conocida como “Limpieza”, que las familias sobrevivientes recuerdan como la “Guinda de Mayo”.
Mientras los campesinos huían aterrorizados entre la vegetación para salvar sus vidas, una maquinaria estatal y castrense operaba con un objetivo escalofriante: separar a los hijos de sus padres mediante la violencia, la muerte y el desarraigo. En total, 55 niños y niñas desaparecieron durante aquella ofensiva bélica.
Cuatro décadas y cuatro años después, Margarita Zamora, investigadora de la Asociación Pro-Búsqueda, describe en una entrevista exclusiva los detalles de una de las prácticas más atroces del conflicto armado en El Salvador: un modus operandi sistemático de tráfico de menores, disfrazado como ayuda humanitaria.
“La práctica del ejército era asesinar a los padres y llevarse a los niños. De esa manera, no había nadie que los reclamara”, afirma Zamora con una calma que duele. El desorden de las familias al huir facilitaba las capturas. Madres agotadas que cargaban a dos o tres pequeños, con bebés en brazos mientras esquivaban las balas, quedaban en total indefensión.
Al ejecutar a los progenitores en el terreno, las guarniciones militares transportaban a los sobrevivientes en helicópteros hacia lugares como La Sierpe o Victoria, en Cabañas.
El horror castrense daba paso a la burocracia civil. Los menores eran entregados a la Cruz Roja, a damas voluntarias y a orfanatos locales mediante actas falsas que declaraban un “abandono moral y material total”. Se les borraba la identidad y se les etiquetaba como huérfanos perdidos. “En ningún momento fueron extraviados”, recalca la investigadora. “Ellos no andaban paseando; andaban guindeando, corriendo para salvar sus vidas”.
Detrás del discurso institucional de “salvación” operaba una red clandestina compuesta por abogados locales y altos mandos castrenses, según reportes históricos de entrevistas a miembros del Estado Mayor de la época, que convirtieron el drama en un negocio millonario. Las adopciones internacionales se cotizaban entre 5,000 y 15,000 dólares por niño. Abogados con rutas comerciales ya establecidas los distribuyeron por el mundo:
- Francia
- Italia
- Estados Unidos
- Suiza
- Holanda
- España
- Inglaterra
- Suecia
Parejas extranjeras pagaban esas sumas con la convicción de que ayudaban a huérfanos desamparados, sin saber que la sangre de los padres biológicos todavía manchaba los expedientes de origen.
27 niños, 27 niñas y la incógnita del vientre
El desglose de las víctimas de la Guinda de Mayo, sistematizado por Pro-Búsqueda, reconstruye las identidades rotas del operativo. La cifra exacta de infantes desaparecidos la componen 27 niños y 27 niñas. El caso más perturbador es el de un bebé cuyo sexo se desconoce porque el ejército capturó a su madre embarazada en plena fuga, perdiéndose el rastro de ambos hasta hoy.
Las edades de todos ellos variaban entre los cero y los diez años al momento de ser arrebatados. De los 55 casos documentados, Pro-Búsqueda ha logrado resolver 31 casos; 17 ya vivieron el “abrazo postergado” al reencontrarse con sus familias biológicas. Sin embargo, 13 han sido localizados fallecidos; la investigación confirmó que fueron ejecutados de forma masiva en un solo lugar arrasado por las tropas, aunque la falta de voluntad judicial solo ha permitido la exhumación de seis de ellos.
El caso número 31 es una paradoja del trauma: un joven localizado en Francia, cuya identidad biológica fue confirmada mediante pruebas de ADN, pero hasta el momento ha decidido no reencontrarse con su familia biológica.
La pared del Estado y el reloj biológico
Aún quedan 24 nombres flotando en la incertidumbre absoluta de Chalatenango. Entre ellos están los expedientes de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, un caso emblemático con sentencia internacional que obliga al Estado salvadoreño a investigar el paradero y castigar a los responsables individuales de la masacre. Sin embargo, la impunidad persiste.
“El principal obstáculo sigue siendo la negación del Estado a abrir los archivos militares. Los oficiales que participaron en estas masacres tienen la información; estos hechos no se borran de la memoria. Falta voluntad política para darnos la verdad”, denuncia Zamora.
Los padres de las víctimas envejecen y mueren con las manos vacías. Ante esta realidad, Pro-Búsqueda resguarda un banco de perfiles genéticos creado gracias al impulso pionero del padre Jon de Cortina (Q.E.P.D.) y el doctor Cristian Orrego.
Aunque los padres biológicos mueran, sus códigos genéticos permanecen listos para cotejar el ADN de cualquier adulto en el mundo que hoy, superando los 40 años, dude de su origen y sospeche haber sido un bebé extraído de la guerra salvadoreña. La búsqueda no cesa. Es el intento tardío, pero firme, de escribir las líneas de una página en blanco para decenas de identidades robadas que aún ignoran que, en un rincón de El Salvador, hay una raíz destruida que jamás dejó de esperarlos.
Fuente: Infobae