Lo que comenzó como reclamos sectoriales y demandas económicas dispersas se transformó en una crisis de alcance nacional en Bolivia. Con menos de siete meses en el poder, la administración de Rodrigo Paz enfrenta pedidos de renuncia, bloqueos de carreteras y una fuerte presión política y social que no da tregua.
La estrategia del Ejecutivo ha sido resistir la presión con llamados al diálogo, una táctica que funcionó con algunos sectores que tenían demandas puntuales, pero que no ha logrado aplacar los conflictos que exigen la salida del presidente. Por el contrario, las protestas se han extendido territorialmente y cada vez más organizaciones se suman al descontento.
Desde el gobierno de Paz han sido enfáticos al señalar que no están dispuestos a negociar con quienes buscan desestabilizar la administración, a quienes han acusado de recibir financiamiento del narcotráfico.
Para aquellos que no entran en esa categoría, se creó un Consejo Económico y Social que busca incluir a sectores sociales en la toma de decisiones, aunque los grupos movilizados no asistieron. En paralelo, la Vicepresidencia y la Confederación Episcopal conformaron una comisión de diálogo, pero los manifestantes condicionaron su participación: exigen que se anulen las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes.
En medio de estos espacios de diálogo paralelos —que reflejan la falta de coordinación interna y los límites de las negociaciones sin los protagonistas de la movilización—, el parlamento abrogó una ley que restringía el estado de excepción. Sin esa norma vigente, Paz queda facultado constitucionalmente para aplicar la medida sin más límites que la aprobación legislativa en un plazo de 72 horas.
Esta cronología reconstruye los hitos principales de la escalada de un conflicto que continúa hirviendo por la ausencia de consensos políticos y sociales.
Decreto, combustible y elecciones
Enero, febrero y marzo de 2026
No se puede fijar una fecha exacta para el inicio del conflicto, porque al principio las protestas no estaban coordinadas. No obstante, analistas señalan que el malestar social comenzó en enero, con manifestaciones contra un decreto que establecía medidas económicas, el cual terminó siendo derogado.
Luego vino el escándalo del combustible de mala calidad que dañó a miles de vehículos. El Gobierno admitió rápidamente la “desestabilización” de la gasolina, pero tuvo problemas para justificar las fallas y dio al menos tres versiones distintas. Tras cambiar a los responsables del sector y crear un seguro de resarcimiento, lograron calmar las protestas intermitentes de los transportistas.
Poco después surgió un reclamo político que, si bien no apuntaba directamente al Ejecutivo, terminó salpicándolo: la anulación de la segunda vuelta electoral para la Gobernación de La Paz, que favoreció al candidato oficialista Luis Revilla. En un país acostumbrado a desconfiar de la independencia de las instituciones, muchos sintieron una “elección robada” y salieron a las calles a protestar.
La demanda de la Central Obrera Boliviana
31 de marzo de 2026
Con un clima de descontento creciente, la COB realizó una marcha masiva en La Paz para entregar al presidente un pliego de 211 demandas sindicales, que incluía un aumento del 20% del salario mínimo, el compromiso de no privatizar empresas estatales y que la Asamblea Legislativa desistiera de considerar una ley contra los bloqueos. El Gobierno rechazó el pedido salarial porque ya había hecho un incremento a inicios de año, se comprometió repetidamente a no privatizar y la Asamblea no trató el proyecto de ley contra los bloqueos.
Marcha de comunidades indígenas de la Amazonía
Partió el 8 de abril de 2026
Comunidades de pueblos amazónicos de Bolivia iniciaron una marcha hacia La Paz para exigir la abrogación de la Ley 1720, que autorizaba al Estado a convertir la pequeña propiedad en mediana para usarla como garantía de préstamos bancarios.
Sus críticos consideraban que la ley podía favorecer la concentración de tierra y dejar en vulnerabilidad a los pequeños productores. Aunque al principio parecía un reclamo menor, terminó siendo el eje articulador de las protestas de otros sectores. El 13 de mayo, en medio de los conflictos sociales, la ley fue abrogada.
Cabildo de la COB
1 de mayo de 2026
La COB convocó a un cabildo en El Alto, la ciudad vecina de La Paz, en el marco del Día del Trabajador. Participaron organizaciones sociales de los nueve departamentos, incluyendo magisterio, fabriles, gremiales y organizaciones campesinas. El texto aprobado en el cabildo incluyó 16 puntos con demandas políticas y económicas, y ya no se mencionó el aumento salarial.
Campesinos de La Paz inician bloqueos de caminos
6 de mayo de 2026
La Federación de Campesinos Túpac Katari inició un bloqueo de caminos “indefinido” en el departamento de La Paz para exigir la renuncia del presidente. Las razones respondían a un conjunto de reclamos acumulados, la supuesta falta de respuesta a sus demandas laborales y económicas, y en respaldo a la marcha indígena que había llegado días antes a La Paz.
Paro del magisterio urbano y rural
10 y 11 de mayo de 2026
Los maestros urbanos y rurales también se manifestaron contra el Gobierno por demandas que luego serían atendidas por el Ministerio de Educación. Los sindicatos de maestros urbanos hicieron un paro de 24 horas el 10 de mayo, mientras que en el área rural la medida se extendió hasta el 11. Las marchas se sumaron en la sede de Gobierno.
Marcha de los seguidores de Evo Morales
Partió el 12 de mayo
Los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) realizaron una marcha desde la localidad de Caracollo hacia La Paz, un recorrido de 190 kilómetros. Aunque al principio algunos manifestantes exigían “respeto a la constitución” y el levantamiento de los procesos judiciales contra su líder, al llegar a la sede de Gobierno el pedido unánime era la renuncia del presidente.
En esa línea, el líder cocalero pidió en su programa de radio que el presidente Paz convoque a elecciones.
“Tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (…) la pacificación, transición, elección en 90 días”, afirmó.
Violencia de mineros y maestros rurales
14 de mayo de 2026
La Paz vivió una jornada de violencia extrema protagonizada por los cooperativistas mineros de La Paz, quienes causaron daños en infraestructura pública con la explosión de cachorros de dinamita; además, golpearon a civiles y periodistas en su ingreso por las calles del centro.
La Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) exigía la adquisición de explosivos por encima del límite permitido, mayor dotación de combustible y la liberación de nuevas áreas mineras. Según medios locales, el Gobierno cedió a sus demandas para levantar las protestas.
Ese mismo día, maestros rurales intentaron tomar el Ministerio de Educación, causando daños en el edificio, lanzando piedras y derribando una pared.
Tres marchas confluyen en La Paz
18 de mayo de 2026
Policías antimotines se enfrentaron con gases lacrimógenos a manifestantes que exigían la renuncia del presidente y que llegaron al centro de La Paz en tres marchas: una de campesinos del altiplano, otra de afiliados a la COB, y la de los seguidores del expresidente Morales.
Las movilizaciones convergieron en el centro paceño e intentaron romper los cordones policiales alrededor de Plaza Murillo. Se registraron enfrentamientos con la Policía, uso de gases lacrimógenos, detonación de dinamita y más de 100 aprehendidos.
Enfrentamientos en “corredor humanitario”
23 de mayo
El gobierno anunció la apertura de “corredores humanitarios” para trasladar alimentos, medicinas y combustible hacia La Paz. En los operativos hubo enfrentamientos con la Policía y se impidió el paso de los vehículos oficiales.
En medio del conflicto, se registró la muerte de un manifestante de 23 años herido de bala. El Ministerio Público investiga el deceso para determinar el origen del disparo, mientras que el Gobierno ha descartado el uso de armas letales durante los operativos.
Mientras el Gobierno apuesta por contener la crisis mediante el diálogo y mantiene el estado de excepción como alternativa viable, las protestas prolongadas profundizan la incertidumbre política en el país. La Defensoría del Pueblo contabilizó siete fallecidos y 23 heridos en los conflictos, sin contar el enorme costo social y económico de las protestas.
En la cuarta semana de bloqueos, la posibilidad de una salida consensuada parece lejana en un país donde las partes en conflicto aún no encuentran un cauce común.
Fuente: Infobae