Una nueva oportunidad para resolver la crisis que sacude a Bolivia se abre con la convocatoria a un diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados. La iniciativa, impulsada por el Legislativo y la Iglesia católica, llega después de 25 días de bloqueos de carreteras que han provocado una grave escasez de productos y aumentado la polarización política en el país.
El llamado se produce en medio de desabastecimiento de alimentos y combustibles, un incremento de las protestas sindicales y campesinas, y las crecientes exigencias de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz. Los mediadores intentan detener la escalada del conflicto social y alcanzar una solución negociada que evite un mayor deterioro de la estabilidad nacional.
El vicepresidente Edmand Lara, quien preside la Asamblea Legislativa, junto con la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, formalizaron la invitación a una mesa de diálogo para este domingo en el Seminario San Jerónimo, en La Paz. Se convocó al presidente Rodrigo Paz, a la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’ y la Federación Departamental de Campesinos ‘Tupac Katari’, así como a otras organizaciones movilizadas, calificando la situación como un momento crítico para el país.
En el texto de la convocatoria, los organizadores señalaron que Bolivia atraviesa circunstancias excepcionales que demandan responsabilidad y búsqueda de consensos. Advirtieron que la falta de diálogo profundiza las divisiones políticas y retrasa las soluciones que la sociedad necesita.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que este sábado los bloqueos sumaban más de 90 cortes viales en todo el territorio, tras más de veinte días de conflicto iniciado el 6 de mayo. La Paz y El Alto son las urbes más castigadas, con el mayor desabastecimiento de bienes básicos, incrementos en los precios de los alimentos y escasez de oxígeno medicinal, combustibles y medicamentos.
El Ministerio de Salud informó que el viernes entregó 486 cilindros de oxígeno medicinal a diez hospitales de la zona afectada, aunque reconoció que se trata de una medida temporal y pidió a los manifestantes que dejen pasar los suministros esenciales.
Las protestas han dejado hasta ahora cuatro fallecidos y más de un centenar de detenidos en las últimas semanas. Los choques con las fuerzas de seguridad y el saqueo de instalaciones públicas y privadas han elevado la presión en las calles.
Los bloqueos se extendieron también a Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, lo que agravó las dificultades de abastecimiento en toda Bolivia y profundizó el clima de crisis entre la población.
Las organizaciones campesinas de La Paz, la Central Obrera Boliviana y sectores vinculados al expresidente Evo Morales exigen la renuncia inmediata de Rodrigo Paz, argumentando presunto incumplimiento de compromisos y acusaciones de intentos de privatización, que las autoridades niegan.
El diálogo propuesto estuvo condicionado a la anulación de órdenes de detención contra dirigentes sindicales. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y el líder de la Federación Departamental de Campesinos ‘Tupac Katari’, Vicente Salazar, quedaron liberados de esas medidas tras una decisión judicial en La Paz.
A pesar de esto, la participación de la COB y las organizaciones campesinas en el diálogo aún no está definida. Argollo declaró a EFE:
“Mi persona no va a traicionar a nuestras bases, al pueblo movilizado. Cualquier convocatoria que venga al diálogo, de donde venga, tiene que ser decidida por las bases y las bases son las que tienen que decidir si se asiste o no se asiste a cualquier convocatoria”.
Algunos grupos más radicales afines a Morales insisten en pedir la dimisión presidencial y rechazan cualquier negociación.
El gobierno implementó medidas de emergencia frente a la magnitud del conflicto. El presidente Paz anunció la reducción a la mitad de su salario y el de los miembros del gabinete como gesto de austeridad. Además, defendió los recientes cambios en el gabinete como una reorganización puntual, no como señal de una crisis interna.
El Ejecutivo intensificó la distribución de productos básicos y oxígeno, mantuvo canales abiertos de diálogo con los sectores movilizados y desplegó a las fuerzas de seguridad para reabrir rutas bloqueadas, usando en ocasiones gases lacrimógenos.
La convocatoria de los mediadores se da ante una crisis de abastecimiento y una polarización política que amenaza la estabilidad nacional. El objetivo principal es reunir al gobierno y a los movimientos sociales para tratar las demandas fundamentales y avanzar hacia soluciones negociadas.
Bolivia enfrenta hoy el desafío de optar por el camino del consenso para superar las divisiones y atender las prioridades del país en medio de una coyuntura social compleja.
Fuente: Infobae