En el marco del tratamiento para primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial, orientado a sancionar los delitos en los espacios acuáticos nacionales, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales recibió la comparecencia de delegados del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
El subsecretario de Recursos Pesqueros, Hugo Vera, expresó la preocupación del sector pesquero artesanal frente al incremento de delitos en alta mar, como extorsiones, robo de motores, pérdida de artes de pesca y hechos de violencia que afectan directamente a las familias de los pescadores.
“Los pescadores artesanales viven una situación crítica. Hemos conocido casos de extorsión, robo y abandono en alta mar, lo que afecta no solo su trabajo, sino también la seguridad y estabilidad de sus familias”, señaló.
Vera manifestó el respaldo institucional a la reforma legal y destacó la importancia de fortalecer las sanciones y los mecanismos de control, en coordinación con la Armada, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado. Además, reiteró la disposición de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros para aportar técnicamente en la construcción de la normativa.
Por su parte, Enrique Blacio, director de Política Pesquera y Acuícola, enfatizó que la inseguridad marítima impacta directamente en la actividad productiva, la economía familiar y la seguridad alimentaria del país. Indicó que la propuesta legal debe diferenciar claramente los delitos de competencia penal —como la piratería, el tráfico de armas, sustancias sujetas a fiscalización y el robo a mano armada— de las infracciones administrativas relacionadas con la pesca ilegal.
Asimismo, planteó la necesidad de incorporar mecanismos de coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y el ente rector de la política pesquera y acuícola, a fin de garantizar una aplicación integral, preventiva y técnica de la ley.
En tanto, el abogado Mario Mendieta Burneo presentó observaciones jurídicas orientadas a fortalecer el proyecto normativo. Explicó que el incremento de penas para delitos cometidos en espacios acuáticos responde al principio de proporcionalidad, debido a las condiciones de indefensión y a la dificultad de respuesta inmediata por parte de las autoridades en alta mar.
También propuso ajustes al artículo 10 de la Ley Orgánica de Navegación para facultar a la Policía Marítima a realizar operativos, registros y requisas ante el porte ilegal de armas, explosivos o sustancias sujetas a fiscalización, respetando las garantías constitucionales y diferenciando claramente las herramientas de trabajo autorizadas para la pesca artesanal.
Finalmente, la presidenta de la comisión, Camila León, destacó la relevancia de la iniciativa para fortalecer la seguridad en los espacios acuáticos y combatir las actividades delictivas que afectan a los pescadores artesanales y a la ciudadanía.
RSA