La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional continuó el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, con la comparecencia de Alejandra Larrea, especialista en gestión y valoración urbana, quien expuso observaciones y propuestas orientadas a fortalecer la normativa desde una visión integral de planificación urbana y política habitacional.
Larrea señaló que las reformas planteadas son coherentes y necesarias, especialmente en aspectos relacionados con la digitalización de procesos, transparencia y acceso público a la información. Sin embargo, insistió en la necesidad de revisar integralmente la ley para incorporar nuevas herramientas de política pública en materia de vivienda social.
La especialista observó que históricamente las políticas habitacionales en el Ecuador se han enfocado casi exclusivamente en promover la vivienda propia mediante subsidios y bonos estatales, dejando de lado alternativas como la vivienda social en alquiler subsidiado. Explicó que países europeos han implementado exitosamente mecanismos de alquiler social que brindan mayor flexibilidad a las familias para movilizarse según sus necesidades.
Asimismo, subrayó que la planificación urbana debe articularse con las políticas de vivienda, considerando fenómenos como el hacinamiento, la movilidad, la expansión familiar y las verdaderas necesidades de la población. En ese contexto, mencionó que algunos programas estatales ejecutados en años anteriores generaron problemas sociales y de calidad habitacional, por lo que consideró indispensable evaluar los resultados reales de las políticas aplicadas.
Larrea también planteó la necesidad de fortalecer programas de mejoramiento de vivienda, ampliar las posibilidades de vivienda progresiva y analizar de manera técnica el impacto del déficit habitacional cualitativo y cuantitativo.
Finalmente, reiteró que la reforma debe contemplar todas las posibilidades de acceso a vivienda y no limitarse únicamente a los mecanismos tradicionales de subsidio para adquisición de vivienda propia, sino avanzar hacia un enfoque más amplio, flexible y adaptado a la realidad social y territorial del país.
La presidenta de la comisión, Lucía Pozo, destacó la importancia de recoger criterios técnicos y académicos que permitan enriquecer el debate legislativo en torno a una problemática social prioritaria como el acceso a vivienda digna.
Por su parte, el vicepresidente, Cristian Benavides, destacó varios de los aportes y reconoció que, culturalmente, en el país existe una fuerte aspiración hacia la vivienda propia. Coincidió en la necesidad de modernizar las políticas públicas y abrir el debate sobre nuevos modelos habitacionales y de planificación urbana.
RSA