El Pleno de la Asamblea Nacional se prepara para continuar este 27 de mayo de 2026 con el debate del informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) aprobado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado e impulsado por su presidenta, la legisladora Rosa Torres, de la bancada oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN).
La propuesta surge como una respuesta a una crisis estructural sin precedentes, marcada por la infiltración del crimen organizado, la corrupción y una alarmante desconfianza ciudadana que ubica a la justicia entre las instituciones con menor credibilidad del país.
Sin embargo, diversas bancadas y juristas encendieron alarmas sobre lo que consideran“líneas rojas” que podrían comprometer la democracia y la autonomía de la justicia en el Ecuador.
¿De qué trata y qué propone la reforma?
Primero, el proyecto se estructura en nueve ejes centrales que buscan transformar la administración de justicia desde sus cimientos. Entre las propuestas más destacadas se encuentran:
- Blindaje ético y pruebas de confianza: se propone la incorporación obligatoria de pruebas de polígrafo, retina o voz para el ingreso y permanencia en unidades penales anticorrupción.
- Control patrimonial automatizado: la creación de la Unidad Técnica Operativa de Integridad Judicial (UTOI), adscrita a la Contraloría, para realizar un seguimiento automatizado de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios.
- Transparencia: las audiencias judiciales deberán ser públicas y transmitidas en tiempo real a través de plataformas digitales, permitiendo incluso la grabación por parte de medios en casos de interés público.
- Unidades de Servicios Judiciales (USJ): órganos técnicos encargados de emitir informes de riesgo procesal previos a la imposición de medidas cautelares como la prisión preventiva, buscando reducir la arbitrariedad en estas decisiones.
- Rediseño disciplinario: se propone que las destituciones de jueces, fiscales y defensores por dolo o negligencia sean resueltas mediante un procedimiento judicial ante una sala especializada de la Corte Nacional de Justicia, en lugar de una resolución puramente administrativa del Consejo de la Judicatura.
Las alertas en el interior de la norma
Una de las alertas que expusieron los legisladores en el primer debate del 20 de mayo de 2026 se centra en el artículo 57.1, referente a la conformación del Comité Académico encargado de evaluar a los futuros jueces. La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz, calificó como una “línea roja muy peligrosa” y una “intromisión grosera” que el Viceministerio de Educación Superior (parte de la Función Ejecutiva) sea quien valore las hojas de vida para integrar dicho comité.
En la misma línea, Liliana Durán (RC) tildó la propuesta de “farsa” y “toma de la justicia”. Advirtió que esto permitiría al gobierno de turno filtrar a los evaluadores y “secuestrar” el sistema judicial. Por su parte, César Palacios y Gabriela Molina, también de RC, señalaron que entregar esta decisión a un organismo dependiente del Ejecutivo rompe el principio básico de independencia judicial reclamado por el pueblo.
Desde la perspectiva de los pueblos y nacionalidades, la asambleísta Carmen Tiupul (exPachakutik y ahora independiente) presentó una alerta sobre el artículo 21, que trata sobre la inscripción de jueces de paz ante el Consejo de la Judicatura (CJ). Tiupul advirtió que esta disposición podría interpretarse como una subordinación de la justicia indígena a la ordinaria, vulnerando el Artículo 171 de la Constitución que reconoce el pluralismo jurídico en igualdad de condiciones.
Otra preocupación de calado jurídico fue expuesta por Molina y Palacios. Ellos alertaron sobre la derogación de los artículos que exigen una declaración jurisdiccional previa. Es decir, la propuesta anula artículos vigentes para permitir que el Consejo de la Judicatura inicie sumarios administrativos por dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable “sin necesidad de declaración jurisdiccional previa”.
Los legisladores recordaron que la Corte Constitucional ha dictaminado que este requisito es indispensable para proteger a los operadores de justicia de persecuciones arbitrarias o políticas basadas en el contenido de sus fallos.
Dudas sobre sanciones y el alcance de las pruebas de confianza
Entre tanto, el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, levantó varias alertas operativas:
- Alcance del polígrafo: cuestionó por qué las pruebas de confianza son obligatorias solo para jueces anticorrupción y no para todos los niveles, incluyendo a los actuales funcionarios.
- Vacíos en el control de intereses: alertó que la prohibición de pertenecer a bufetes privados (Art. 109.1) debería extenderse al Director del Consejo de la Judicatura y jueces provinciales.
- Riesgo de Veto: expresó temor de que la creación de nuevas unidades técnicas (como la UTOI o USJ) sea vetada por el Ejecutivo bajo el argumento de aumentar el gasto público.
- Inacción Sancionada: criticó que el proyecto no imponga multas al CJ si este incumple los plazos para nombrar jueces nacionales o implementar las reformas tecnológicas.
Asimismo, Serrano señaló una omisión preocupante en el informe de la Comisión: la eliminación del Artículo 214 (sobre falsedad de documento público) sin que exista una justificación técnica o legal para su supresión. Finalmente, Molina advirtió sobre el artículo 122.1, que plantea sancionar a abogados privados por presentar supuesta “documentación falsa” basándose únicamente en el criterio del juez, sin que exista una sentencia previa que determine dicha falsedad.
Las voces de los juristas
Del lado de los juristas, la constitucionalista María Dolores Miño cuestionó que el artículo 122., también podría utilizarse para castigar críticas contra quienes administran justicia. Según señaló, la redacción de la norma “vulnera el derecho a la libertad de expresión debido a su vaguedad y posible aplicación arbitraria”.
Por su parte, el constitucionalista André Benavides sostuvo que el proyecto presenta problemas de constitucionalidad de fondo. Entre las principales observaciones mencionó:
- Afectaciones a la independencia judicial por la intervención del Ejecutivo en procesos de verificación
- Cambios en la declaratoria jurisdiccional previa relacionada con el error inexcusable —contrarios a criterios establecidos por la Corte Constitucional—
- La inclusión de parámetros subjetivos para evaluar a jueces.
De su lado, Esteban Torres, coordinador de la bancada oficialista, alertó sobre la crisis de recursos humanos. Señaló un déficit de 754 jueces que el CJ no ha logrado cubrir, y la falta de regulación legal de los plazos para que los concursos no se “caigan” constantemente.
LV