El caso del exministro del Interior ecuatoriano, José Serrano, ha tomado un giro drástico en los tribunales federales de Florida. Según un memorando constitucional presentado por su defensa, la detención del exfuncionario no responde a un proceso migratorio rutinario, sino que habría estado influenciada por presiones políticas del gobierno ecuatoriano sobre autoridades estadounidenses.
En el documento legal —firmado por el abogado Robert Sheldon— se alega que el arresto de Serrano, ocurrido el 7 de agosto de 2025, es la culminación de un patrón de persecución derivado de su rol como crítico del gobierno actual.
La defensa sostiene que Serrano es blanco de represalias debido a su perfil como disidente, que cuenta con una audiencia masiva en redes sociales. “El peticionario es un destacado crítico político en Ecuador”, se señala.
“Ha denunciado repetidamente la corrupción e identificado vínculos entre las élites políticas y el crimen organizado”, afirma Sheldon en el expediente, subrayando que las acciones en su contra demuestran un “patrón de represalia dirigido a la expresión política del peticionario”.
Según el escrito, el detonante de la detención fue un Memorando de Entendimiento (MOU) firmado entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y Ecuador, el 1 de agosto de 2025, solo seis días antes del arresto de Serrano.
Para los abogados, esto no es coincidencia. “La detención del peticionario no se basa en ningún hallazgo individualizado de peligro o riesgo de fuga, sino que es el producto de la presión política extranjera”, sentencia Sheldon.
Acusaciones rechazadas en el exterior
Un punto clave del argumento de retaliación es que el gobierno ecuatoriano habría presionado con cargos que ya fueron desestimados por la justicia de ese país. El abogado menciona el caso de la jueza María Daniela Ayala, quien rechazó las acusaciones contra Serrano y posteriormente fue sancionada, lo que para la defensa refuerza la tesis de la persecución.
En conclusión, el equipo legal de Serrano argumenta que Estados Unidos está “tercerizando” sus decisiones de detención a un gobierno extranjero. “Los Estados Unidos no pueden subcontratar sus decisiones de detención a gobiernos extranjeros”, señala Sheldon, calificando la situación como una violación a la Quinta Enmienda.
El gobierno estadounidense tiene como plazo máximo esta semana para responder a estas acusaciones de retaliación ante la corte federal.
Radio Pichincha
LV