En un movimiento que ha generado intenso debate, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la abrogación de la Ley 1341, que hasta ahora regulaba los estados de excepción en el país. La decisión se tomó tras la aprobación en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa y coincide con el inicio de la cuarta semana de bloqueos de carreteras que mantienen en jaque a varias regiones.
La nueva normativa, identificada como Ley 1732, ya está en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial. Consta de un artículo único que establece la abrogación de la Ley 1341, la cual había sido promulgada por la exsenadora Eva Copa el 23 de julio de 2020, durante el mandato interino de Jeanine Áñez, en medio de las protestas que exigían la realización de elecciones.
La ahora derogada Ley 1341 imponía límites claros a los estados de excepción: fijaba una duración máxima de 60 días, prohibía la declaratoria de una nueva medida sin autorización legislativa, establecía que las sanciones por incumplimiento solo podrían ser multas equivalentes al 10% del salario mínimo y anulaba las disposiciones que exoneraran de responsabilidad a servidores públicos durante la ejecución de la medida.
Además, la ley del 2020 facultaba a la Asamblea Legislativa para modificar, rechazar o dar por finalizada la medida en cualquier momento de su vigencia. Estas disposiciones fueron consideradas por el actual gobierno como inconstitucionales y restrictivas para las atribuciones del presidente.
“Es una ley que ponía demasiadas limitaciones a la posibilidad de lograr pacificar el país y el entendimiento entre los bolivianos”, justificó el presidente del Senado, Diego Ávila, un aliado cercano del presidente Paz.
La Constitución Política del Estado boliviana establece que la declaratoria de un estado de excepción es una atribución exclusiva del Gobierno y fija lineamientos básicos, como la prohibición de suspender derechos fundamentales o dictar más de una medida en el mismo año. No obstante, también señala que se requiere una ley que regule estos estados y que “la vigencia” de su declaración “dependerá de la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa” en un plazo de 72 horas.
El abogado constitucionalista José Luis Santistevan explicó que “la Asamblea (tendría que) analizar dentro de las 72 horas y ratificar o dejar sin efecto su vigencia, eso está en la Constitución”. En ese sentido, Santistevan señaló que la Asamblea debe dictar en los próximos días una ley que regule “pero en sintonía con el texto constitucional y no destruya el estado de excepción”.
“Necesita una ley pero no lo coarta al presidente de ejercer su atribución”, afirmó y remarcó: “él lo dicta y él lo deja sin efecto”.
En esa línea, el senador Ávila también defendió su eventual implementación: “la facultad la tiene con o sin la ley”.
La abrogación de la ley reguladora se produce en un momento de alta conflictividad en el país. Este miércoles comenzó la cuarta semana de bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del presidente, tras más de un mes de protestas sectoriales.
La medida de presión es impulsada desde varios frentes, entre ellos campesinos del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales. Los bloqueos se han extendido a seis de los nueve departamentos del país. Según los manifestantes y algunos analistas, el reclamo de fondo es la falta de inclusión de campesinos indígenas y la clase trabajadora en el Gobierno.
El Gobierno ha convocado a espacios de diálogo a sectores con demandas específicas, pero ha descartado negociaciones con quienes piden la renuncia del primer mandatario. En un intento por incluir a los sectores sociales en la toma de decisiones, la administración de Paz ha creado el Consejo Económico y Social, de carácter consultivo, que fue convocado por primera vez este miércoles.
Luego de tres semanas de bloqueos que tienen cercada la sede de Gobierno, donde hay desabastecimiento de alimentos y combustible, y con algunos episodios de violencia registrados, los reclamos para poner fin al conflicto y restablecer el orden son crecientes.
El analista y consultor político Carlos Saavedra afirmó que “estamos entrando a un momento de decisiones definitivas, un escenario es insistir con el diálogo, pero lo veo cada vez más desgastado”. Saavedra añadió que “siento que se está preparando un escenario de estado de excepción, eso significaría que la disputa pasaría de los espacios políticos del diálogo a un enfrentamiento de los movilizados con las fuerzas del Estado”.
Para Saavedra, lo que ocurra en las próximas horas y días será decisivo no solo para mitigar el conflicto sino también para sentar las bases de la gobernabilidad.
“La única posibilidad es que este sea un gobierno de pactos en muchos niveles. Sin pactos no va a haber posibilidad de gobernar”, concluyó.
Fuente: Infobae