La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que contratistas militares privados de origen colombiano, presuntamente contratados por una empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos (EAU), habrían transitado por bases militares emiratíes antes de ser desplegados en Sudán para respaldar a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), señaladas por cometer abusos sistemáticos.
Según el informe titulado ‘De Bogotá a El Fasher: El papel de EAU en el despliegue de militares colombianos y otras formas de respaldo a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán’, la ONG sostiene que EAU está facilitando de forma sustancial la capacidad de las RSF para perpetrar crímenes de guerra.
“EAU está ayudando o contribuyendo de manera sustancial a la capacidad de las RSF para cometer crímenes de guerra”, afirma la organización en un comunicado oficial.
Reclutamiento masivo desde Colombia
El documento detalla que, desde 2024, la empresa de seguridad Global Security Services Group (GSSG), con sede en Abu Dabi, ha reclutado a cientos de militares privados colombianos. Estos fueron enviados a Sudán para participar en hostilidades junto a las RSF, que combaten contra las Fuerzas Armadas sudanesas. La directora de la División de África de HRW, Mausi Segun, señaló que existe un “creciente conjunto de evidencias” sobre el apoyo militar emiratí a estos paramilitares, a quienes acusa de cometer “crímenes atroces” de forma reiterada en territorio sudanés.
Según el informe, los reclutas colombianos pasaban por dos instalaciones militares en el emirato de Abu Dabi: Giyazi y Al Wazba. Un contratista colombiano entrevistado por HRW reveló que, al llegar a EAU, “se saltó los controles de inmigración” y fue trasladado directamente a una base donde recibió entrenamiento por parte de ciudadanos emiratíes.
Primeras evidencias públicas
La primera señal de la presencia de colombianos en Sudán apareció en noviembre de 2024, a través de vídeos difundidos en redes sociales. Las Fuerzas Conjuntas de los Movimientos Armados —una coalición aliada con el Ejército sudanés— interceptaron un convoy de colombianos que ingresó al país desde Libia. Posteriormente, HRW verificó y geolocalizó grabaciones que mostraban a contratistas extranjeros, aparentemente colombianos, combatiendo en El Fasher durante la toma de la ciudad por las RSF en el otoño de 2025.
En ese contexto, los residentes fueron víctimas de abusos generalizados, incluyendo asesinatos, violaciones, hambruna y ataques selectivos contra personas con discapacidad. Seis testigos afirmaron haber visto a combatientes extranjeros “blancos” en los lugares donde ocurrieron las masacres, portando el mismo equipo de protección —cascos, chalecos antibalas y rodilleras— que aparece en los vídeos analizados.
Reclutamiento de menores
Uno de los contratistas colombianos consultados por la ONG admitió haber entrenado a reclutas de las RSF en campamentos cerca de Nyala, al oeste de Sudán, zona utilizada como base principal de los paramilitares en Darfur del Sur. El entrevistado aseguró que “muchos reclutas eran niños pequeños”. Cabe recordar que el Derecho Internacional prohíbe el reclutamiento de menores de edad en conflictos armados, y reclutar a niños menores de 15 años constituye un crimen de guerra. El secretario general de la ONU, António Guterres, ya había verificado al menos 16 casos de reclutamiento infantil por parte de las RSF en 2024, motivo por el cual el grupo fue incluido en la “lista de la vergüenza” de Naciones Unidas.
Negativas de EAU y llamado a la comunidad internacional
Emiratos Árabes Unidos ha negado rotundamente brindar apoyo militar a las RSF, argumentando que su asistencia es exclusivamente humanitaria. Sin embargo, HRW cuestiona esta versión al afirmar que “las autoridades estatales emiratíes deberían estar, y parecerían estar, plenamente al tanto de las actividades que tienen lugar en territorio emiratí”, especialmente en propiedades gubernamentales y bases militares de un “Estado autoritario altamente centralizado”. La ONG asegura haber compartido sus conclusiones con Global Security Services Group y las autoridades emiratíes, sin obtener respuesta.
Por ello, HRW insta al Consejo de Seguridad de la ONU a que solicite a su grupo de Expertos sobre Sudán investigar a GSSG, incluyendo a Mohamed Hamdan al Zabi —a quien el fundador Ahmed Mohamed al Humairi transfirió sus acciones— por su aparente papel en el apoyo a las RSF, en violación del embargo de armas impuesto en 2004 sobre Darfur. Asimismo, pide que se investiguen a otras empresas privadas que puedan estar colaborando con los paramilitares y se impongan sanciones a los responsables. También solicita a la Unión Europea y la Unión Africana que investiguen a la empresa de seguridad y a Al Zabi con miras a adoptar medidas punitivas.
“Las víctimas civiles están pagando el precio de la falta de voluntad para denunciar el apoyo de Emiratos Árabes Unidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido”, sentenció Mausi Segun, directora de HRW en África. La organización urge a los gobiernos del mundo a “dejar de aceptar las negativas poco creíbles de EAU” y a “poner fin a la impunidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad en Sudán”.
Fuente: Infobae