Un acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados, a pocas horas de que se reúna la ponencia encargada de validarlo, ha sellado un pacto entre PSOE, BNG y Sumar para modificar la ley de la AP-9. El texto final contempla que no solo la gestión, sino también la titularidad de la autopista sea transferida a la Xunta, respondiendo a la demanda unánime del Parlamento de Galicia.
Fuentes de las tres formaciones consultadas por Europa Press confirmaron el pacto. Sumar aclaró que sus enmiendas adicionales, relacionadas con mariscadoras y minería, se mantienen en el texto final. Cada partido reivindica su rol en este acuerdo que impacta una vía clave para Galicia. El PP, aunque no participó en la negociación, había manifestado su disposición a respaldar un texto que se mantuviera fiel al aprobado por la Cámara autonómica.
El consenso se logró mediante varias enmiendas consensuadas que darán origen a una proposición de ley orgánica, a la que accedió Europa Press. Salvo sorpresas, será ratificada en la ponencia y continuará su trámite en las Cortes hasta que el traspaso se negocie en una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central. Las fuentes indicaron que el pacto cuenta con el respaldo del Ejecutivo de Sánchez.
Inicialmente, los socialistas habían propuesto una enmienda que evitaba la transferencia de titularidad. Sin embargo, el texto final establece como objetivo de la ley “la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia”.
Detalles del traspaso
Para concretar la transferencia, se determina que la Administración General del Estado y la comunidad autónoma elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que defina las condiciones y límites para la transmisión de competencias que hasta ahora ejercía el Estado sobre la Autopista del Atlántico. Este proceso será aprobado mediante real decreto.
La propuesta deberá abordar varios aspectos clave:
- Autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares.
- Supervisión e inspección del funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y los pliegos de concesión.
- Potestad sancionadora frente a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.
- Modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, especialmente en tarifas, peajes y programas de descuento, incluyendo autorizaciones voluntarias a instancia de la concesionaria.
- Redacción y aprobación de convenios o addendas a los actuales.
Repercusiones económicas
Según el texto acordado, la Administración General del Estado mantendrá a su cargo las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la concesión vigente, siempre que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas durante el periodo en que tuvo la competencia, y con los límites económicos vigentes a la fecha de aprobación del traspaso.
De igual forma, las consecuencias de decisiones tomadas por el Estado antes de la transferencia recaerán sobre el mismo. El acuerdo de transferencia deberá establecer “la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados”.
¿Cuándo asumirá la Xunta los costes?
Por su parte, la Xunta asumirá a su cargo todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras que resulten de las modificaciones sobre el régimen económico financiero de la concesión que promueva una vez efectivo el traspaso.
Finalmente, las modificaciones que la comunidad autónoma quiera impulsar sobre el régimen económico financiero de la concesión “no podrán afectar a los compromisos económicos previstos”, y cualquier decisión que implique un incremento de dichos compromisos “deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga”.
Fuente: Infobae