El pasado 20 de mayo de 2026, la entonces ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, oficializó el Acuerdo Ministerial Nro. MAE-MAE-2026-0047-AM, una resolución que marca el inicio de la reapertura gradual del Catastro Minero Nacional, pero que ha encendido las alarmas por su directa intervención en el recién declarado Bosque Protector “Cerro Azul”, en la provincia del Guayas.
La resolución dispone a la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) la emisión de actos administrativos para el registro y otorgamiento de nuevas concesiones de pequeña minería de materiales áridos y pétreos.
El proceso no es nacional de entrada; se concentra en un “plan piloto” para el corredor Guayaquil-Daule-Samborondón.
Según los informes técnicos que sustentan la medida, existe una “demanda estructural sostenida de materiales de construcción” debido a la transición demográfica del país entre 2024 y 2045.
El gobierno justifica la medida señalando que el cierre del catastro minero desde 2018 generó una “desalineación progresiva entre la demanda efectiva del sector y la capacidad del sistema regulado para atenderla”.
Cerro Azul, en la mira
La polémica central radica en el tratamiento del Cerro Azul, un pulmón de 820 hectáreas en el norte de Guayaquil.
Apenas el 6 de marzo de 2026, el propio Gobierno Nacional oficializó su protección, declarándolo Bosque y Vegetación Protector para frenar la fragmentación del “ecosistema y proteger fuentes hídricas”.
En ese momento, la ministra Manzano afirmó: “conservar su biodiversidad no solo es un deber ambiental, sino una apuesta estratégica que impulsa el desarrollo sostenible“.
Sin embargo, el Acuerdo 0047-AM, emitido solo 53 días después, parece contradecir el espíritu de conservación del mismo Gobierno.
En su artículo 3 y en la disposición transitoria segunda, la resolución ordena al Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE) elaborar estudios en un plazo de 60 días para determinar la “Cota Máxima de Explotación y el límite vertical de explotación de materiales áridos y pétreos” dentro del Bosque Protector Cerro Azul.
Esta posibilidad de explotación minera en un área protegida ha generado críticas.
Informes técnicos internos del propio Ministerio (MAE-DB-2026-034-IT) advierten que el área conserva el 84% de su cobertura natural y que el 74,42% de su superficie es de “Importancia Hídrica Muy Alta”, por lo que requiere un “tratamiento altamente precautorio”.
Cerro Azul es un espacio clave. Cumple una función vital como corredor de conectividad ecológica con otros bosques protectores de la zona, especialmente con el Cerro Blanco, además de los cerros Prosperina, Papagayo y Cerro Paraíso.
Además, alberga especies de flora como ceibos, guayacanes y maderos negros, y fauna representativa que incluye perezosos, tigrillos, armadillos y más de 300 especies de aves.
Contexto
La reapertura del catastro no solo es cuestionada por su impacto ambiental, sino por la transparencia del proceso.
El sistema estuvo cerrado por siete años debido a irregularidades detectadas en 2018. La actual administración ha buscado su apertura como parte de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para generar ingresos tributarios.
No obstante, el camino hacia esta reapertura se allanó mediante un contrato para un nuevo software de gestión minera (034-2023) con la consultora Pacific Geotech Systems Ltd., el cual fue firmado, según fuentes del sector minero, “al apuro, sin la garantía de fiel cumplimiento y sin el informe de procedibilidad de Contraloría” en los últimos días del gobierno de Guillermo Lasso.
Aunque el gobierno de Daniel Noboa inicialmente observó estas anomalías, el contrato siguió adelante tras una mediación.
Responsabilidades y riesgos
La resolución traslada la responsabilidad técnica al IIGE para definir cuánto se puede extraer del Cerro Azul sin comprometer la “estabilidad física del terreno”. Sin embargo, el informe de la Dirección de Bosques es tajante: la pérdida de cobertura vegetal en esa zona puede incrementar la escorrentía, la sedimentación y las afectaciones aguas abajo ante eventos como el fenómeno de El Niño.
Mientras colectivos ciudadanos como “Vía a la Costa Progresa” claman por el cese de las explosiones diarias y el polvo que afecta su salud, el gobierno apuesta por dinamizar el sector extractivo.
Así, se cuestiona lo siguiente: ¿Es posible compatibilizar la minería de canteras con un bosque que fue declarado protector?. El tiempo lo dirá.
Radio Pichincha
LV