La noche del sábado 23 de mayo de 2026, Geovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular, confirmó que la organización presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para impugnar su cancelación. La causa está en manos de Ivonne Coloma.
“Dentro del plazo legal presentamos el recurso ante el TCE. Exigimos la nulidad de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que pretende cancelarnos. Aspiramos a que los jueces actúen en derecho y demuestren que no son parte de un fraude electoral”, declaró frente a las instalaciones del organismo, en la capital.
Una acción subjetiva colocó Unidad Popular
El abogado Santiago Machuca confirmó que, junto a un equipo de juristas, asumió la defensa del movimiento. Explicó que han interpuesto una acción subjetiva contencioso electoral contra las resoluciones del CNE que disponen la cancelación del registro de la organización.
Según detalló Machuca, con la demanda impugna dos decisiones: la de abril, que resolvió la cancelación del registro electoral de Unidad Popular, y la de mayo, que negó una solicitud de corrección. La causa fue sorteada y asignada a la jueza Ivonne Coloma, quien la admitió a trámite.
La magistrada Ivonne Coloma otorgó un plazo al CNE para que remita el expediente debidamente foliado y certificado, con el sustento de la decisión adoptada. Con esa documentación, se resolverá el fondo del caso.
Los escenarios, según Santiago Machuca
Machuca advirtió que el artículo 269 del Código de la Democracia no establece un plazo para que les contesten. Hay dos instancias en el TCE: ante la jueza de primera instancia; y la apelación ante el pleno del TCE.
Además dijo que en caso de una resolución adversa, la organización podría recurrir a la Corte Constitucional mediante una acción extraordinaria de protección.
El jurista sostuvo que la cancelación del registro impide la participación de Unidad Popular en el proceso electoral y vulnera derechos políticos. Además, argumentó que la medida contraviene el artículo 327 de la ley electoral, último inciso, que prohíbe la cancelación de organizaciones políticas dentro de los 120 días previos a la convocatoria a elecciones.
Según indicó, ese plazo vencía a inicios de abril, por lo que la decisión del CNE se habría adoptado fuera del marco legal.
Atarihuana reiteró las consignas de la organización —“Unidad Popular vive, la lucha sigue”— y aseguró que su movimiento tiene la razón jurídica.
Fuente: Expreso