Un reporte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España revela que el exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero encabezó una red organizada dedicada a gestionar ayudas públicas para la aerolínea Plus Ultra y otras empresas. El documento, al cual accedió Infobae, fue elaborado por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, que identificó una estructura jerárquica con Zapatero en la cúspide, secundado por Julio Martínez Martínez y Manuel Aaron Fajardo García, quienes coordinaban a gestores administrativos.
Según el informe, la organización habría orientado sus acciones hacia la consecución de fondos públicos por más de 53 millones de euros para Plus Ultra. La UDEF establece dos rutas de influencia. La primera involucra al abogado Miguel Palomero de Juan y al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, con la mediación de Koldo García Izaguirre. La segunda conecta directamente a los directivos de la aerolínea con Zapatero a través de Fajardo García y Martínez Martínez.
El núcleo operativo giraba en torno a la contratación de servicios de asesoría ad hoc y la utilización de intermediarios cuyo cometido era llevar la influencia a las esferas ministeriales y a la dirección de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). La red mantenía comunicaciones privilegiadas y diálogo directo tanto con funcionarios públicos como con directivos bancarios, desde marzo de 2020 hasta que la ayuda fue aprobada.
Los pagos desde Plus Ultra hacia el entorno de la red se canalizaban mediante un entramado de sociedades pantalla. El informe indica que Julio Martínez Martínez controlaba la recepción de pagos directos de Plus Ultra por al menos 598.910 euros, además de transferencias a través de empresas interpuestas. No obstante, la investigación no halló personal ni evidencias materiales que acrediten la prestación real de los servicios facturados.
Beneficiarios principales: Zapatero y su familia directa
La UDEF documentó la creación de sociedades offshore y filiales extranjeras para dificultar el rastreo de los fondos hacia Zapatero. Las pesquisas se basaron en el análisis de conversaciones, correos electrónicos y cuentas bancarias, que revelan gestiones empresariales con distintas instituciones políticas y financieras. El amigo personal del ex presidente, Julio Martínez Martínez, figuraba como administrador de múltiples sociedades y fondos radicados en jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas.
En el auto de imputación del expresidente, difundido por la Agencia EFE, consta que Martínez controló un conglomerado de 39 empresas mercantiles entre 2020 y 2024. De ellas, 20 están inactivas (dadas de baja, sin declaración de Impuesto de Sociedades o con ingresos nulos). En todos los casos, la Policía detectó movimientos en cuentas bancarias en el extranjero alimentadas por fondos provenientes de la misma operativa comercial.
La investigación sitúa entre los principales beneficiarios económicos a José Luis Rodríguez Zapatero y su familia directa. La sociedad WhaTheFav, administrada por sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa, recibió al menos 239.755 euros de la compañía Análisis Relevante S.L.; además de transferencias adicionales por más de 561.000 euros provenientes de Inteligencia Prospectiva, así como pagos directos de Gate Center y Thinking Heads. La justificación de estos flujos ante Hacienda y la banca se basaba únicamente en contratos y facturas generados por la propia red, sin que existiera actividad o contraprestación real que respalde los pagos.
La ayuda de 53 millones a Plus Ultra sorteó deudas con la Seguridad Social
Los expedientes revisados revelan la canalización sistemática de fondos desde Plus Ultra hacia la estructura de la red, mediante blanqueo de ingresos a través de contratos ficticios y una facturación diseñada específicamente para ese fin. La UDEF describe mecanismos como la triangulación de pagos, la modificación de conceptos en las facturas “sobre la marcha”, y la intervención de administradores formales que actuaban como prestamistas o testaferros.
Además, el informe detalla que Plus Ultra accedió a la ayuda pública pese a no reunir los requisitos exigidos. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) certificó la existencia de una deuda relevante en el momento de la solicitud, en contradicción con los documentos presentados ante la SEPI. Las pesquisas corroboran posibles alteraciones en los expedientes: carpetas vacías, incoherencias documentales, diferencias entre archivos de distintos organismos, y el uso de datos falsos para intentar cumplir con los criterios indispensables.
Todo esto ocurrió en un contexto donde Plus Ultra había recibido negativas previas de diversas entidades financieras para la concesión de créditos ICO, lo que impulsó la intervención de la red de influencia para revertir la evaluación desfavorable ante los órganos públicos, según recoge el informe.
La red no limitó su actividad a Plus Ultra. Extendió sus mecanismos de influencia y canalización de retornos a otras compañías, sin relación operativa aparente con la aerolínea, cursando transferencias de varios cientos de miles de euros sin que existiera una justificación documental o un volumen de operaciones proporcional a esos pagos.
Fuente: Infobae