Mientras miles de personas aguardan una resolución judicial durante meses o incluso años, en varias naciones ya operan sistemas capaces de clasificar expedientes, sintetizar jurisprudencia y automatizar labores administrativas en cuestión de segundos. Si se emplean correctamente, pueden contribuir a aliviar la carga en tribunales colapsados.
Sin embargo, el verdadero dilema no es tecnológico, sino institucional.
En los últimos meses, desde CIPPEC desarrollamos dos investigaciones centradas en inteligencia artificial y el sistema judicial argentino. Tras revisar experiencias foráneas y dialogar con especialistas, la conclusión principal fue contundente: el reto no es obtener una herramienta, sino determinar quién la supervisa, cómo se fiscaliza, qué información procesa y qué consecuencias tiene si comete un error.
La evidencia internacional indica que los sistemas judiciales más avanzados no son aquellos con la tecnología más compleja, sino los que establecieron mejores mecanismos para regularla.
En ciertos tribunales, estas plataformas ya se emplean para localizar precedentes legales, organizar documentos o apoyar tareas repetitivas. En el Reino Unido, el Poder Judicial emitió directrices sobre el uso de IA: toda herramienta debe funcionar bajo supervisión humana efectiva.
La advertencia es relevante: estos sistemas pueden generar fallos, citas o normativas falsas con un estilo convincente.
Brasil adoptó un camino parecido: el Consejo Nacional de Justicia implementó normas para regular el uso de IA y prohibió aplicaciones que vulneren derechos fundamentales.
Estos ejemplos evidencian un punto crucial: la innovación no comienza con el algoritmo, sino con la gobernanza.
La inteligencia artificial también conlleva peligros. Puede reproducir sesgos presentes en los datos con los que fue entrenada, comprometer la privacidad y ofrecer respuestas falsas pero verosímiles. Incluso una base de datos aparentemente anónima puede permitir reconstruir la identidad de una persona si se cruza suficiente información. En el ámbito judicial, un error algorítmico no es meramente un fallo técnico: puede lesionar derechos, garantías y la confianza pública.
En Argentina, este debate cobra especial relevancia. La incorporación de IA ocurre en un sistema que ya arrastra debilidades en trazabilidad de datos, interoperabilidad y credibilidad. En ese marco, introducir tecnología sin reforzar las capacidades institucionales puede oscurecer problemas preexistentes.
La rapidez puede ser una ventaja, pero en la justicia, una decisión más veloz no siempre equivale a una mejor decisión.
Por ello, el desafío no es adoptar IA a cualquier precio ni descartarla de plano. Se trata de edificar una agenda responsable: mantener el control humano sobre las resoluciones, fijar pautas claras de transparencia, resguardar datos personales y sensibles, y avanzar de forma gradual, con vigilancia constante.
Un Estado inteligente no es aquel que acumula tecnología por tendencia. Es el que sabe utilizarla para mejorar servicios, expandir derechos y robustecer la confianza ciudadana. Porque la cuestión ya no es si la inteligencia artificial ingresará a los tribunales, sino bajo qué reglas, con qué controles y en beneficio de la sociedad.
Fuente: Infobae