La estrategia del presidente Donald Trump contra el régimen cubano se intensifica. Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, muchos creían improbable una acción similar contra Raúl Castro, el veterano líder de 94 años del Partido Comunista. Sin embargo, el 20 de mayo el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra Castro en Miami, lo que hace que esa posibilidad parezca menos lejana. La acusación lo vincula con el derribo de dos aeronaves de Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados de Miami, en 1996, que causó la muerte de cuatro personas. En esa época, Castro era ministro de Defensa cubano; luego ascendió a presidente y primer secretario del Partido, cargo del que se retiró formalmente en 2021, aunque sigue siendo el líder de facto de la isla.
Todas las decisiones importantes en Cuba requieren su aprobación, incluido cualquier acuerdo con Trump y Marco Rubio, el secretario de Estado cubano-estadounidense, ambos decididos a forzar cambios en el país caribeño. Aunque los cargos contra Castro difieren de los de Maduro, el uso político de la ley es similar. La administración Trump calificó la redada contra Maduro como una operación policial, y ahora argumenta que Cuba, ubicada a solo 145 km de Florida, representa un riesgo para la seguridad nacional por su condición de Estado fallido, su apoyo a China y Rusia, y la emigración masiva.
Los vuelos de reconocimiento estadounidenses sobre Cuba han aumentado, y según informes, los planificadores militares evalúan opciones que van desde ataques limitados hasta acciones más amplias. Esta escalada ocurre tras meses de coerción. Desde la destitución de Maduro, Estados Unidos bloqueó los envíos de combustible a Cuba y presionó a países de la región para que interrumpan el suministro de divisas. El gobierno de La Habana ha respondido con concesiones limitadas, como permitir que empresas privadas importen combustible y prometer que los cubanos en el extranjero podrán invertir en la isla.
Presión sobre Gaesa y el aparato de seguridad
Insatisfechos con esas medidas, Trump y Rubio aumentan la presión. El 7 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Gaesa, el conglomerado militar que controla gran parte de la economía cubana, considerado ampliamente como el negocio de la familia Castro. Rubio calificó a Gaesa como «el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba».
Una semana después, John Ratcliffe, director de la CIA, viajó a La Habana para reunirse con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del presidente. Ratcliffe advirtió que el tiempo se agotaba para realizar cambios fundamentales e instó al régimen a aceptar 100 millones de dólares en ayuda, que se distribuirían en coordinación con la Iglesia Católica. La reunión no salió bien. El 18 de mayo, la OFAC impuso sanciones a más miembros del aparato político y de seguridad de Cuba, incluido el servicio de inteligencia del régimen.
¿Qué viene ahora? Los estadounidenses no ocultan su deseo de reformas económicas, la liberación de presos y la compensación por propiedades expropiadas. Aunque no lo digan públicamente, probablemente también buscan cambios más drásticos, como la disolución de Gaesa y una transición a la democracia. La administración Trump ha alternado entre afirmar que colaboraría con el régimen e insinuar que debe ser derrocado. El 14 de mayo, Rubio adoptó una postura firme:
«No creo que podamos cambiar el rumbo de Cuba mientras esta gente siga al mando en ese régimen».
Posible acción militar y reacción del régimen
Una operación al estilo venezolano podría parecer extrema para la administración Trump. La imagen de un hombre de 94 años esposado podría no ser tan bien recibida por los estadounidenses como la detención de Maduro. Tampoco existe una figura obvia que pueda suceder a Castro y obedecer las órdenes de Estados Unidos. El nieto de Castro es un guardián, no un sucesor natural.
Aun así, los cubanos no descartan la posibilidad de la primera acción militar estadounidense contra la isla en seis décadas. El régimen parece fomentar esta posibilidad: se está entrenando a civiles y las fuerzas de defensa distribuyen folletos que informan a la población sobre cómo prepararse para la guerra. El 18 de mayo, el presidente Miguel Díaz-Canel advirtió que un ataque produciría «una masacre de proporciones incalculables».
En parte, la acusación va dirigida a los exiliados en Miami que han instado a Trump a ser más enérgico. La fecha de su publicación fue simbólica: muchos exiliados celebran el 20 de mayo, aniversario de la independencia de Cuba. Pero la administración Trump también podría querer usarla como moneda de cambio en las negociaciones. Eso será complicado, según Ric Herrero, del Cuba Study Group en Washington, que aboga por el diálogo con el gobierno cubano: «El gobierno es totalmente incapaz de cambiar de rumbo o implementar reformas para salir del atolladero en el que se encuentra. Hay que ver qué sucede después y las cosas se complican enseguida».
La insostenible situación interna
Lo que está claro es que la situación de Cuba es insostenible. Las sanciones contra Gaesa tendrán un impacto negativo: se estima que los ingresos del conglomerado superan en más del triple el presupuesto estatal y controla hasta 20.000 millones de dólares en activos ilícitos. Las empresas extranjeras tienen hasta el 5 de junio para cesar sus operaciones con Gaesa o cualquier entidad que controle. Las navieras occidentales Hapag-Lloyd (alemana) y CMA CGM (francesa) han suspendido la aceptación de pedidos relacionados con la isla mientras evalúan los riesgos.
En un país que importa aproximadamente el 70% de sus alimentos, esto podría ser devastador. El ministro de Energía de Cuba ya ha declarado que la isla se ha quedado sin diésel y fueloil para sus centrales eléctricas. Los apagones en La Habana duran hasta 22 horas al día. Para muchos, conseguir comida es difícil y los servicios básicos se han interrumpido. «Es como vivir en un basurero», dice Yulieta Hernández Díaz, residente de La Habana y propietaria de una pequeña empresa de construcción.
La presión interna va en aumento. El 13 de mayo, la policía dispersó a manifestantes en La Habana que protestaban por los apagones. Prisoners Defenders, una organización de derechos humanos con sede en Madrid, afirma que Cuba tiene un número récord de 1260 presos políticos. Pedro Monreal, economista cubano residente en Madrid, estima que la economía podría contraerse un 15% este año.
El régimen afirma que está considerando la oferta de ayuda. Aceptarla equivaldría a admitir su propio fracaso. Rechazarla podría provocar más protestas a medida que empeoran el calor, el hambre y los apagones. En cualquier caso, al régimen se le están acabando las opciones para decirle que no a Estados Unidos.
Fuente: Infobae