Este 20 de mayo de 2026, la Asamblea Nacional decidió dejar fuera de su agenda el tratamiento de las irregularidades en los contratos termoeléctricos con la empresa Progen. A pesar de la solicitud formal para que altos funcionarios y exautoridades comparezcan ante el Pleno, el bloque oficialista y sus aliados optaron por incluir tres cambios en el orden del día destinados exclusivamente a exaltar la gestión del Ejecutivo.
El pedido de cambio del orden del día, presentado por el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Lenin Barreto, buscaba la comparecencia inmediata de:
- El actual Ministro de Transporte y exministro de Energía (E), Roberto Luque
- El exministro de Energía, Antonio Goncalves
- El exgerente de Celec EP, Fabián Calero.
La solicitud se fundamentaba en la “nueva información que ha trascendido sobre irregularidades adicionales” en la adquisición de generadores eléctricos, un contrato que asciende a USD 149,1 millones y que es blanco de graves cuestionamientos técnicos y legales.
El secretario del Parlamento argumentó que el segundo párrafo del artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) ordena que se pueden incluir solo tres puntos de cambio de orden del día.
Nuevas evidencias: audios y videos desde Houston
La urgencia del pedido de fiscalización responde a recientes revelaciones periodísticas que incluyen audios filtrados de funcionarios de Celec. En dichas grabaciones, se escucha presuntas presiones hacia los técnicos encargados de verificar los equipos, bajo la consigna de que el proceso “no puede caerse”.
Además, se ha difundido un video grabado por una comisión técnica en un hotel de Houston en septiembre de 2024. En el material, los técnicos dejan constancia de que los generadores adquiridos a Progen “no servían” y que la compra no debía concretarse, describiendo los equipos incluso como “chatarra” reacondicionada.
Según la Fiscalía, el perjuicio económico para el Estado ecuatoriano por estas contrataciones superaría los USD 104 millones.
El “bloqueo” legislativo
Pese a la gravedad de las denuncias, la mayoría legislativa impidió que el tema fuera debatido. En su lugar, el Pleno priorizó y aprobó tres mociones de respaldo al Gobierno de Daniel Noboa:
- Un reconocimiento al programa EducaEmpleo.
- El respaldo a las acciones gubernamentales en la lucha contra el crimen organizado y la conferencia anticarteles de las Américas.
- El apoyo a la entrega de equipamiento y fortalecimiento operativo de la Policía Nacional.
Estas iniciativas se aprobaron con 80, 78 y 79 votos, respectivamente, dejando en el limbo el pedido de rendición de cuentas por la crisis energética. Sectores de la oposición calificaron este hecho como un “bloqueo legislativo” que busca garantizar la impunidad de los funcionarios involucrados en el que consideran “el mayor acto de corrupción del actual gobierno”.
Por ahora, el caso Progen sigue bajo investigación en la Fiscalía, mientras en la Asamblea la fiscalización parece haber quedado relegada por la agenda de respaldo al Gobierno de Daniel Noboa.
Antecedentes: comisión oficialista tampoco dio paso
El pasado 11 de mayo de 2026, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social se convirtió en un escenario de polémica, tras el intento fallido de incluir el caso Progen en la agenda del día.
A pesar de las graves denuncias de corrupción y perjuicio económico al Estado, la mayoría de la comisión bloqueó el tratamiento del tema, calificándolo de improcedente. Entre los votos que negaron esta petición estuvieron los de los legisladores de ADN Jorge Chamba, Diana Jácome y Dominique Serrano.
Al inicio de esa jornada, el asambleísta Blasco Luna presentó formalmente una solicitud de cambio del orden del día. Su objetivo era exhortar al presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, a que el pleno tratara de manera inmediata los informes de fiscalización sobre los contratos suscritos entre la empresa pública Celec EP y las compañías Progen Industries LLC (Progen) y Austral Technical Management SAS (ATM).
Durante su intervención, Luna lanzó duras críticas contra la empresa Progen, afirmando que no es un fabricante real, sino un mero intermediario que vende “chatarra”. Además, el legislador denunció que altos funcionarios del gobierno, entre ellos Roberto Luque, Inés Manzano y Antonio Goncalves habrían dado la orden directa de continuar con estos contratos a pesar de las investigaciones en curso.
Radio Pichincha
LV