El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador se alista para debatir y someter a votación, el jueves 21 de mayo en segundo debate, el proyecto de Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero. Esta normativa pretende instaurar un marco integral que regule el uso del mar ecuatoriano, proteja ecosistemas vulnerables y ordene tanto las actividades económicas como las recreativas vinculadas al océano.
Uno de los puntos más innovadores del texto es el reconocimiento de las zonas de rompiente de olas como ecosistemas estratégicos nacionales. Esto implica que lugares emblemáticos para el surf y el turismo costero recibirían una protección jurídica específica frente a proyectos de infraestructura, intervenciones portuarias o cualquier acción que pudiera alterar su dinámica natural.
La propuesta llega al Legislativo tras un proceso que duró cinco años, impulsado por el movimiento ciudadano Mareas Vivas, conformado por surfistas, científicos, ambientalistas y comunidades costeras. El colectivo surgió en 2020, cuando residentes de General Villamil Playas se movilizaron para evitar la construcción de un muelle que, según denunciaron, habría destruido de forma irreversible las olas de la zona.
Desde ese momento, el grupo lideró una campaña a nivel nacional, logró reunir más de 10.000 firmas y presentó su propuesta legislativa ante la Asamblea Nacional el 30 de julio de 2024.
Si se aprueba, la ley protegerá los 640 kilómetros de costa continental ecuatoriana y más de 100 zonas de surf identificadas a lo largo del litoral. Asimismo, incluirá medidas para conservar manglares, dunas, áreas de anidación de tortugas marinas y otros ecosistemas costeros considerados vitales para la biodiversidad y la resiliencia ante el cambio climático.
El proyecto contempla la creación del Registro Nacional de Zonas de Rompientes, un catálogo técnico y público que documentará las características geográficas, ecológicas y recreativas de cada ola del país. También propone la formación del Consejo Interinstitucional del Mar, un órgano colegiado con resoluciones de carácter vinculante para coordinar políticas entre más de 14 entidades estatales.
La ley incorpora además el principio precautorio, según el cual la falta de certeza científica absoluta no podrá emplearse como justificación para aplazar medidas de protección ambiental.
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, anticipó la relevancia de la votación. En un boletín difundido por el Legislativo, señaló: “No se trata únicamente de proteger el surf o el turismo; se trata de reconocer que el mar, sus olas y sus ecosistemas son parte del patrimonio de todos los ecuatorianos, hoy y para las generaciones que vendrán”.
La normativa se inspira en el antecedente de Perú, que en el año 2000 se convirtió en la primera nación del mundo en aprobar una ley específica para salvaguardar sus rompientes. No obstante, los promotores afirman que el modelo ecuatoriano irá más allá al integrar la protección de las olas dentro de un sistema de gobernanza marina más amplio y con autoridad institucional vinculante.
Además de su valor ambiental, los impulsores del proyecto subrayan su impacto económico potencial. Según datos citados en el boletín legislativo, las exportaciones de pescado y enlatados de pescado generaron más de USD 2.039 millones en 2025, mientras que el sector pesquero proporciona alrededor de 52.000 empleos directos en Ecuador.
El turismo vinculado al surf también representa una oportunidad significativa. A escala global, esta actividad mueve aproximadamente USD 70.000 millones anuales, y destinos ecuatorianos como Montañita, Ayampe y Engabao se han consolidado como referentes internacionales para deportistas y viajeros.
Los defensores de la ley sostienen que preservar las olas equivale a cuidar una infraestructura natural capaz de generar empleo, atraer visitantes y sostener economías locales durante décadas.
La propuesta se enmarca en una tendencia regional que busca reconocer el valor ecológico, cultural y económico del océano. En un país cuya economía y biodiversidad dependen en gran medida del mar, la eventual aprobación de esta ley representaría un cambio de paradigma en la forma en que el Estado concibe y administra sus recursos costeros.
Si el proyecto recibe el respaldo del Pleno, Ecuador se sumará al reducido grupo de naciones que han otorgado a las olas un estatus legal específico, elevando estos espacios naturales a la categoría de patrimonio estratégico nacional.
Fuente: Infobae