La Policía Nacional ha detenido a once personas e investiga a otras dos por su presunta participación en una trama que defraudó al Servicio Murciano de Salud (SMS) mediante la compra y uso de material sanitario no homologado. La operación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia a raíz de una querella de la Fiscalía, revela un perjuicio económico cercano a los 6,9 millones de euros por la adquisición irregular de prótesis y stents vasculares.
Los arrestados enfrentan acusaciones por falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Las autoridades no descartan más arrestos a medida que avancen las diligencias.
La investigación, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Jefatura Superior de Murcia, comenzó en enero de 2025 después de que la propia Consejería de Salud identificara irregularidades en una auditoría interna realizada por el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. Los hechos fueron entonces remitidos a la Fiscalía.
Según las pesquisas, el entramado manipulaba el sistema contable del SMS mediante la introducción de datos falsos para autorizar el uso de productos sanitarios no homologados ni incluidos en el catálogo oficial. Esta maniobra permitía fijar precios de compra muy superiores a los del mercado y reemplazar productos aprobados y más económicos por otros significativamente más caros.
Los investigadores han identificado al menos treinta productos sanitarios no homologados que fueron facturados de manera fraudulenta. Entre ellos se incluyen prótesis vasculares y diverso material fungible utilizado en intervenciones médicas.
Sobrecostes de hasta el 1.287%
La Policía sostiene que gran parte del fraude se concentraba en operaciones derivadas por el SMS a centros concertados. En esos procesos se aplicaron sobrecostes que oscilaban entre el 100% y el 1.287% respecto al valor real de los materiales y servicios.
Además, se detectó la facturación de prestaciones que debían ser gratuitas y el cobro de material sanitario que, supuestamente, nunca se utilizó. Los agentes también indican que en algunas intervenciones se emplearon productos sanitarios caducados, lo que ha motivado la imputación de delitos contra la salud pública.
El informe policial sitúa el perjuicio económico total en 6.886.738 euros. Para asegurar posibles responsabilidades civiles, se han solicitado medidas cautelares como el bloqueo de cuentas bancarias, inmuebles y vehículos de los principales implicados.
Entre los investigados figura un antiguo comercial de la empresa Logimed, con sede en Valencia, considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama. También aparecen vinculados dos antiguos responsables de la central de compras del SMS, dos médicos del Hospital Virgen de la Arrixaca y personal administrativo relacionado con facturación y contratación.
Se espera que el excomercial detenido pase a disposición judicial en las próximas horas. La operación sigue abierta y esta semana agentes de la Brigada de Policía Judicial han tomado declaración tanto a investigados como a testigos del ámbito sanitario, administrativo y empresarial.
Manipulación del sistema contable
La investigación señala que los implicados conocían con precisión los puntos más vulnerables del sistema informático contable del SMS. Ese conocimiento, sumado a la presunta colaboración de funcionarios con responsabilidades en la central de compras y áreas clave de facturación, facilitó la alteración de procedimientos y el desvío de fondos públicos.
Los agentes consideran que la ausencia de licitaciones públicas permitió adjudicaciones y negociaciones directas con la principal empresa investigada, contraviniendo la Ley de Contratos del Sector Público. Esto habría favorecido la contratación arbitraria de suministros sin concurrencia competitiva.
Las actuaciones han alcanzado una dimensión nacional debido a la implicación de empresas con sede fuera de Murcia y al seguimiento del caso por la Dirección General de la Policía en Madrid. Se han coordinado acciones entre unidades especializadas en delitos económicos y corrupción.
Medios locales indican que el fraude se habría desarrollado durante años mediante una estructura estable de colaboración entre responsables públicos y proveedores privados. La causa judicial busca determinar el grado de participación de cada investigado y el alcance exacto de las irregularidades.
La Policía mantiene abiertas líneas de investigación para esclarecer si el uso de productos no homologados y materiales caducados pudo afectar a un número mayor de pacientes del detectado inicialmente. También se analizan documentación contable, contratos, historiales de compras y facturación de operaciones en centros concertados.
La Consejería de Salud de la Región de Murcia ha colaborado desde el inicio facilitando auditorías y documentación interna. La causa permanece bajo secreto parcial mientras los investigadores avanzan en el análisis económico y administrativo de las operaciones sospechosas.
Fuente: Infobae