El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó hoy en firme la incertidumbre sobre el futuro del Movimiento Unidad Popular (lista 2) al no alcanzar los votos necesarios para aprobar un proyecto de resolución que buscaba archivar su proceso de cancelación. Tras una jornada con falta de consensos, la organización política permanece en un “limbo” jurídico que amenaza su participación en los comicios de noviembre de 2026.
El borrador del proyecto de resolución para declarar la nulidad del proceso de extinción obtuvo el voto a favor de la consejera suplente María Kristina Kronfle y la titular Elena Nájera, mientras que José Merino (suplente) y la presidenta del CNE, Diana Atamaint, votaron en contra. Por su parte, la consejera Mónica Noriega (suplente) se pronunció en abstención. Al no adoptarse ninguna resolución definitiva, la situación de la organización queda en suspenso.
El punto de mayor fricción ocurrió cuando la consejera Kronfle increpó al Pleno, señalando que el documento sometido a votación era apenas un borrador para observaciones y no una resolución definitiva para ser votada.
Al no adoptarse ninguna decisión de fondo, Kronfle anunció la interposición de una acción de protección contra el propio organismo. Esta medida busca frenar lo que la consejera calificó como un procedimiento “tramposo” que vulnera el debido proceso al evitar un pronunciamiento final sobre la personería jurídica del partido.
El pedido de archivo y la “competencia temporal”
Asimismo, el núcleo del reclamo de Unidad Popular reside en los escritos presentados por su director nacional, Geovanni Atarihuana, los días 3 y 8 de mayo. En ellos, sostiene que los plazos legales para que el CNE resuelva sobre los recursos de corrección a la cancelación (dictada originalmente el 26 de abril) ya han precluido.
La defensa del partido argumenta que cualquier intento posterior de ratificar su eliminación del registro electoral carece de validez jurídica, por lo que solicitan formalmente el archivo inmediato del expediente. Según los documentos presentados, insistir en la cancelación bajo estas condiciones vulnera principios de seguridad jurídica y certeza electoral.
El estancamiento en el CNE alimenta la batalla legal que el movimiento libra simultáneamente en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El pasado 8 de mayo de 2026, Atarihuana formalizó una acción de queja (causa No. 086-2026-TCE) en contra de Diana Atamaint.
En el marco de este proceso, el juez sustanciador Juan Patricio Maldonado emitió un auto el 10 de mayo disponiendo que el accionante aclare y complete los fundamentos de su demanda. El TCE solicitó que se determinen con precisión los hechos, acciones u omisiones atribuidos a la presidenta del CNE, así como los agravios específicos y los preceptos legales vulnerados.
Radio Pichincha
LV