El mediático psiquiatra José Cabrera Forneiro ha presentado al extrabajador del grupo funerario El Salvador, Justo M.G., como un «diógenes fotográfico, alguien con un grave trastorno de la personalidad». El experto no descartó que durante dos décadas actuara en solitario, sin ayuda externa.
El informe, expuesto este martes en la Audiencia de Valladolid a propuesta de las defensas de los encausados, buscaba desacreditar al trabajador ya fallecido. Sus libretas, dietarios y material fotográfico acumulado durante 20 años sobre un supuesto ‘reciclaje’ de ataúdes constituyen la principal prueba de cargo para la acusación pública y las dos particulares.
Cabrera, experto en Medicina Legal y Forense y especialista en Psiquiatría con más de 40 años de trayectoria y perito en más de 7.000 juicios, aseguró que Justo M.G., a quien no exploró personalmente, presenta rasgos evidentes de un «grave trastorno de la personalidad».
«Es el caso más peculiar, original y único que he visto a lo largo de mi trayectoria. Que una persona haya reunido todo ese material en veinte años denota precisamente ese trastorno grave de la personalidad que presentaba.»
El dictamen es compatible con el suicidio del extrabajador, del que el perito se enteró hace tres semanas. «Las personas con trastorno de la personalidad son las que presentan mayor número de suicidios», agregó.
El psiquiatra, en declaraciones recogidas por Europa Press, manifestó que esa compilación meticulosa de datos fue utilizada luego de forma «codiciosa» para extorsionar al dueño del grupo funerario y que elevara sus bases de cotización al jubilarse. Entre 2012 y 2013 se observó mayor actividad en la recogida de fotos y anotaciones, coincidiendo con la negativa del empresario a contratar a su hijo. «Denota su enojo, supone echar más leña al fuego, es como decir: ¡te vas a enterar!», afirmó Cabrera.
Actuación en soledad
El psiquiatra consideró plausible que Justo M.G. actuara solo durante todo el periodo. «Hoy en día en los tanatorios existen muchos medios técnicos, incluidas poleas, que permiten manipular cadáveres a una sola persona. Es lo que denominamos la soledad en la actuación», señaló. Cabrera indicó que el trabajador corrió grave riesgo al operar cerca de un horno crematorio y aperturarlo en plena actividad.
El dictamen también abordó las indemnizaciones. El Fiscal del caso fijó unos 3.000 euros para cada perjudicado, pero Cabrera, al igual que el forense Aitor Curiel, considera desproporcionado ese monto. Según el perito, para conceder indemnización se necesita acreditar mediante informes médicos que los familiares sufrieron dolencias psíquicas o morales, algo que las acusaciones no han presentado.
A vueltas con los consumos de los hornos
El perito Pascual M.I., a propuesta de las defensas, expuso un contrainforme que cuestiona el informe policial sobre consumos en los hornos. La Policía Judicial sostenía que los acusados seguían incinerando en el cementerio de Santovenia de Pisuerga para dar el ‘cambiazo’ a los ataúdes. Sin embargo, Pascual afirmó que el informe policial llega a conclusiones «aventuradas» al basarse solo en facturas de gas, sin cotejar con consumo eléctrico ni considerar paradas técnicas o mezcla errática de medidas métricas.
El perito insistió en que no cotejar consumos de gas con energía eléctrica es un error importante, especialmente si la policía mantiene que los acusados simulaban el inicio de la incineración para extraer los ataúdes. «De ser cierto, se detectaría un mayor consumo de energía eléctrica que de gas con motivo de la activación únicamente de los ventiladores de los hornos», declaró. También censuró que los peritos policiales incluyeran comentarios de trabajadores, como Justo Martín, ajenos a la pericia.
Otros dos peritos, propuestos por las defensas, coincidieron con uno anterior en descartar el delito de blanqueo de capitales imputado a los encausados, basado en una investigación de la Unidad de Vigilancia Aduanera que, según ellos, usó una metodología errónea y presentó un descuadre entre adquisición y venta de ataúdes.
Fuente: Infobae