El magistrado de la Audiencia Nacional que lleva el denominado ‘caso Plus Ultra’ ha identificado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como el presunto cabecilla de una organización dedicada al tráfico de influencias. Según el auto judicial, se trataría de una «estructura estable y jerarquizada» cuyo objetivo era «la obtención de beneficios económicos».
El juez instructor, José Luis Calama, ha fijado para el próximo 2 de junio la comparecencia de Zapatero en calidad de investigado. La citación fue revelada por el propio tribunal este lunes.
En el documento judicial, Calama sostiene que las pesquisas han logrado confirmar la existencia de «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero». Este entramado habría puesto sus contactos personales y su capacidad para acceder a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables.
La presunta red tenía como propósito central «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas», especialmente en favor de Plus Ultra, la aerolínea que recibió un rescate gubernamental durante la pandemia de COVID-19.
Según el auto, los implicados habrían recurrido a sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos, y obtener beneficios tanto para terceros como para el propio entramado delictivo.
El instructor también precisa que las maniobras no se orientaron a conseguir un trato general o una expectativa vaga, sino a lograr una resolución administrativa concreta: la aprobación y el desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia.
A juicio del magistrado, la secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones —que incluye el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda— evidenciaría que la red actuó con el objetivo específico de influir en la decisión del órgano competente.
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Fuente: Infobae