La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional dio por terminados, alrededor de las 16:00 horas de este martes, los allanamientos ordenados por el juez de la Audiencia Nacional que investiga el denominado ‘caso Plus Ultra’. Esta diligencia forma parte de la pesquisa contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se señala como el «líder» de una supuesta estructura dedicada al tráfico de influencias.
De acuerdo con fuentes del caso consultadas, los agentes concluyeron las inspecciones en Whathefav, una empresa de marketing vinculada a las hijas del exmandatario, y también en Softgestor, otra de las sociedades relacionadas con esta causa que sigue la Audiencia Nacional. Durante la mañana, los efectivos también realizaron un registro en el despacho profesional de Zapatero, ubicado en la calle Ferraz, justo frente a la sede nacional del PSOE en Madrid.
Los integrantes de la UDEF, con el respaldo del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), salieron del inmueble portando varias cajas precintadas que podrían contener evidencia relevante. Asimismo, los investigadores se trasladaron a la compañía Inteligencia Prospectiva, que también aparece en el centro de la investigación por un presunto delito de tráfico de influencias y otros ilícitos conexos.
Fuentes conocedoras del proceso señalaron que existe un requerimiento de información dirigido a la empresa pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La investigación se centra en el supuesto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno otorgó a la aerolínea Plus Ultra como parte de un rescate financiero durante la pandemia de COVID-19.
En concreto, se indaga la posible influencia que Zapatero habría ejercido para favorecer dicha operación. A cambio, según la tesis de la Fiscalía, el expresidente habría recibido fondos canalizados a través de Julio Martínez, un empresario y amigo suyo que ya fue detenido en el marco de esta misma causa.
El papel de Zapatero según el juez
En el auto judicial, el magistrado Calama sostiene que Zapatero habría actuado como «líder» de un entramado de tráfico de influencias, por el cual el exjefe de Gobierno y sus hijas habrían recibido cerca de dos millones de euros. Además, se le imputa haber dado la orden de crear empresas ‘off-shore’ fuera de territorio español para ocultar los movimientos de dinero.
Frente a estas acusaciones, Zapatero difundió un video en el que asegura que todas sus actividades, tanto públicas como privadas, se han desarrollado dentro de la legalidad. En sus declaraciones, reiteró que jamás gestionó favor alguno para que se aprobara el rescate millonario a la aerolínea Plus Ultra.
«Jamás», sentenció el expresidente.
En el mismo auto donde cita a Zapatero como investigado, el juez rechazó la solicitud de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción para registrar el domicilio particular del exmandatario. El magistrado argumentó que no existían elementos suficientes para creer que en su vivienda se conservaran pruebas relevantes. También aludió a la amplia difusión mediática del caso, lo que, a su juicio, hacía probable que cualquier elemento incriminatorio ya hubiera sido retirado, destruido o trasladado a otro lugar.
Fuente: Infobae