La Comisión de Justicia y Estructura del Estado continuó el análisis para el segundo debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Inquilinato, con la participación de los expertos Francisco Paredes, especialista en derecho internacional, y Juan Arévalo, profesional en Derecho de la Empresa, quienes expusieron observaciones orientadas a fortalecer la normativa y garantizar mayor seguridad jurídica en las relaciones de arrendamiento.
Paredes destacó la importancia de incorporar una etapa previa de mediación como mecanismo para resolver conflictos antes de iniciar acciones judiciales. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de regular los plazos para evitar que estos procesos se extiendan innecesariamente sin alcanzar acuerdos.
En este contexto, propuso establecer sanciones frente a actuaciones de mala fe que busquen dilatar o impedir el inicio de procesos judiciales. Además, sugirió fijar un límite máximo de tres meses para la duración de la mediación.
El experto también presentó observaciones de carácter técnico relacionadas con los requisitos de los contratos, los procesos de renta temporal y otros aspectos vinculados a la aplicación de la ley. Durante el debate se analizó, además, la posibilidad de incorporar un plazo máximo para la devolución de garantías.
Por su parte, Arévalo señaló que la normativa debe proteger de manera equilibrada a las partes involucradas en una relación de arrendamiento, debido a su impacto directo en derechos fundamentales como la vivienda, la seguridad jurídica y la propiedad privada, así como en el funcionamiento del mercado inmobiliario.
Explicó que los arrendatarios requieren protección frente a abusos, cobros indebidos, retenciones injustificadas y condiciones inseguras de habitabilidad. Al mismo tiempo, indicó que los arrendadores necesitan reglas claras que les permitan cobrar oportunamente y recuperar sus inmuebles en casos de incumplimiento de pago.
Respecto a las rentas temporales, recordó que en el país existen desde hace varios años tres modalidades de arrendamiento: larga, media y corta estancia. Precisó que la actual Ley de Inquilinato únicamente regula la renta de larga duración, pese a que actualmente existen alrededor de 9.000 unidades destinadas a actividades de alojamiento temporal, lo que evidencia la necesidad de establecer una regulación más detallada para este sector.
Arévalo recordó que en 2023 el Ministerio de Turismo expidió un reglamento que obliga a los gobiernos autónomos descentralizados municipales a generar un registro de las unidades dedicadas a este tipo de actividades en el país.
AM