El futuro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es un pilar innegociable de la política macroeconómica de Ecuador.
En el marco del acuerdo de abril de 2026 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo la modalidad de Facilidad Extendida (EFF), el Gobierno de Daniel Noboa se comprometió con el multilateral a publicar un informe actuarial auditado del IESS hasta diciembre de 2026.
Allí se “informará los pasos necesarios para salvaguardar la sostenibilidad financiera del sistema”, según el documento del FMI, que es parte de la quinta revisión del acuerdo comercial con Ecuador, con la que le ha permitido al país recibir USD 3.724 millones de los USD 5.000 millones del crédito total.
Aunque en el documento del FMI no se detallan las acciones para solucionar los problemas del seguro social, el Gobierno asegura que no tocará la edad de jubilación, las cifras del propio IESS y las voces de expertos advierten que el sistema, tal como funciona hoy, se encamina hacia un precipicio financiero.
Sin embargo, el FMI ha sido enfático -en la quinta revisión- al señalar que el estudio actuarial, que será construido con datos hasta 2024, es un “objetivo estructural” fundamental.
Nigel Clarke, subdirector Gerente del FMI, subraya que este informe tiene como meta “ayudar a aclarar las tendencias de las pensiones, salvaguardar la sostenibilidad financiera y mitigar los riesgos fiscales“.
Así, el organismo busca mejorar la gobernanza y la transparencia de un sistema que históricamente ha carecido de datos fiables.
La realidad del IESS
La urgencia del estudio actuarial responde a una realidad: el sistema de pensiones del IESS atraviesa una presión financiera que se arrastra desde hace años.
Para 2026, la brecha se ha vuelto un abismo. Se estima un gasto en pensiones de USD 7.552 millones, mientras que los ingresos por aportes apenas alcanzarán los USD 3.437 millones. Esta brecha de USD 4.281 millones obliga al IESS a depender desesperadamente de dos fuentes:
- Las transferencias del Estado
- Y, sus propias reservas
Para cubrir el faltante de 2026, el seguro social prevé una desinversión de reservas (ahorros del fondo de inversiones administrado por el BIESS) de USD 1.407 millones.
Este retiro constante de capital reduce la capacidad del banco para generar rendimientos futuros y compromete seriamente la sostenibilidad a largo
Vivimos más, pero aportamos lo mismo
Uno de los puntos más importantes que debe resolver el Estado para asegurar el futuro de las pensiones es la realidad demográfica de Ecuador.
En su momento, Eduardo Peña, expresidente del Consejo Directivo del IESS, explicó -en abril de 2023- que la esperanza de vida ha crecido significativamente: “Si tenemos que pagar pensiones a personas que se jubilan a los 65, y que se morían a los 70, les pagamos cinco años. Pero si hoy se mueren a los 81, en promedio, tenemos que pagar 16 años de pensión“.
Esta declaración desató una ola de críticas, lo que obligó al IESS a aclarar en un comunicado que el directivo no afirmaba que se elevaría la edad de jubilación de inmediato, sino que explicaba la necesidad de buscar mecanismos para financiar esos años adicionales de vida.
Actualmente, un afiliado puede jubilarse a los 60 años con 30 años de aportes, una regla que muchos expertos consideran insostenible frente a la nueva longevidad.
A esto se suma el estancamiento del mercado laboral.
El empleo adecuado apenas llega al 32.1% a marzo de 2026, mientras que el 56,3% de los trabajadores se mantiene en la informalidad, sin aportar al seguro social.
El número de afiliados activos en abril de 2026 (3,29 millones) es incluso menor a la cifra registrada hace dos años (3,7 millones), lo que reduce la base de aportantes mientras el número de jubilados no para de crecer.
¿Reformas o paliativos?
Aunque el FMI no dicta las reformas específicas que se deben realizar en el seguro social, las conclusiones del estudio actuarial -al que se comprometió el Gobierno de Noboa- deberían analizar varias opciones, algunas de ellas polémicas. En esa lista están:
- Aumentar la edad de jubilación, que estará basado en el incremento de la esperanza de vida.
- Cambiar la fórmula de cálculo: Actualmente, la pensión se calcula sobre el promedio de los cinco mejores años de salarios. La Ley de Seguridad Social de 2001 ya disponía que el IESS revisara esta fórmula cada año para subir ese número gradualmente hasta los 20 mejores años, algo que no se ha cumplido en 22 años.
- Incrementar los aportes: Elevar el porcentaje que trabajadores y empleadores destinan mensualmente al fondo de pensiones.
Expertos como el economista Augusto de la Torre consideran “injustas” ciertas distorsiones actuales, como la opción de jubilarse con solo 10 años de aportes si se tienen 70 años de edad, lo que a menudo beneficia a quienes tuvieron ingresos altos pero aportaron poco tiempo, descapitalizando el sistema.
Gobierno de Daniel Noboa insiste en que “no se aumentará la edad”
Frente a estas presiones y discusiones que se han dado alrededor del tema, el presidente Daniel Noboa ha señalado que su gobierno no aumentará la edad de jubilación ni las aportaciones al IESS.
En su lugar, el mandatario propone un plan de “fortalecimiento” basado en tres ejes:
- Generación de empleo: “Hoy tenemos una generación de jóvenes entre 12 y 22 años que, si logra acceder a empleo y aportar, puede sostener al IESS”, explicó Noboa.
- Eficiencia en las inversiones: Noboa insiste en mejorar la recaudación para que se invierta en el seguro social.
- Separación de salud y pensiones: Una de las propuestas más audaces de Noboa es que el IESS deje de ser un prestador de salud. “El seguro social no debe ser un prestador de salud, de eso debería encargarse el Ministerio de Salud Pública”, señaló. Según esta visión, el IESS debería enfocarse exclusivamente en pensiones e inversiones, eliminando las “zonas grises” de su gestión.
Sin embargo, esta última propuesta ha sido cuestionada por expertos que advierten que los hospitales del Ministerio de Salud Pública enfrentan crisis iguales o peores que los del IESS, como la falta de medicinas y cirugías represadas (que en el IESS superaban las 13.000 a finales de 2025).
Deuda histórica
Cualquier solución a la crisis del IESS pasa necesariamente por la millonaria deuda que el Estado mantiene con la institución.
Aunque no hay datos públicos consensuados, hasta finales de 2024 el IESS reclamaba una deuda acumulada desde 2001 que ascendía a USD 24.233 millones, incluyendo intereses.
El compromiso con el FMI incluye el pago de esta deuda, pero el proceso es lento debido a la complejidad de las auditorías.
El Ministerio de Finanzas reconoce apenas una fracción de esta cifra como “pasivos contingentes” (unos USD 5.395 millones), sujetos a la validación de cada reclamo.
El Gobierno de Noboa ha prometido actualizar los planes de pago y ya ha finalizado la contratación de auditores externos para revisar las obligaciones de salud de 2023 y 2024.
El informe actuarial de diciembre de 2026 será la “prueba de fuego” para la administración de Noboa y para la estabilidad social del Ecuador.
Radio Pichincha
LV