El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra el narcotráfico al ordenar a los fiscales federales que empleen leyes antiterrorismo para enjuiciar a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con cárteles de la droga, en particular con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Según reveló una investigación publicada por The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dio instrucciones a las fiscalías federales del país para que redoblen las pesquisas contra políticos, mandos de seguridad y servidores públicos mexicanos señalados de colaborar con organizaciones criminales.
DOJ busca castigos más severos contra redes del narcotráfico
Esta nueva directriz representa una de las acciones más agresivas impulsadas por el presidente Donald Trump en la lucha contra el crimen organizado transnacional, ya que abre la puerta a penas mucho más duras, incluida la cadena perpetua.
El reportaje indica que la instrucción fue comunicada durante una reunión interna encabezada por Aakash Singh, procurador general adjunto asociado del Departamento de Justicia, quien coordina las prioridades para los 93 fiscales federales de Estados Unidos.
En dicha conferencia, Singh habría solicitado “triplicar” las acusaciones contra funcionarios mexicanos que, presuntamente, utilizan sus cargos para beneficiar a grupos del narcotráfico.
La estrategia legal se sustenta en la orden ejecutiva firmada por Trump el año pasado, mediante la cual varios cárteles latinoamericanos fueron designados como organizaciones terroristas. Con esa clasificación, los fiscales estadounidenses ahora pueden presentar cargos no solo por narcotráfico o lavado de dinero, sino también por proporcionar “apoyo material a organizaciones terroristas”.
Expertos señalan que esta medida podría transformar de forma radical la relación judicial entre México y Estados Unidos, ya que amplía el alcance de las investigaciones y endurece las sanciones para quienes colaboren con estructuras criminales.
Caso Rubén Rocha Moya intensifica presión de EE.UU.
La ofensiva cobró fuerza tras la acusación formal presentada en Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios presuntamente ligados a su administración.
De acuerdo con el expediente judicial citado por el diario estadounidense, políticos y mandos de seguridad habrían recibido sobornos millonarios y respaldo electoral del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción conocida como “Los Chapitos”.
Las indagaciones apuntan a que, a cambio de esos beneficios, algunos servidores públicos habrían brindado protección institucional, facilitado operaciones del narcotráfico y permitido el funcionamiento de redes criminales con presunta impunidad.
El caso ya ha generado tensión política por el alcance de las imputaciones y la posibilidad de que Estados Unidos solicite nuevas órdenes de captura o procesos de extradición, a pesar de que dos exfuncionarios ya se entregaron a las autoridades estadounidenses.
Crece preocupación por impacto diplomático entre México y EE.UU.
Analistas advierten que el uso de leyes antiterrorismo contra funcionarios mexicanos podría provocar un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países, especialmente si las investigaciones avanzan hacia figuras políticas de mayor relevancia.
El endurecimiento de las acciones judiciales también refleja la presión del gobierno estadounidense para frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas que han desatado una crisis de salud pública en territorio norteamericano.
Mientras tanto, la decisión del DOJ podría marcar un precedente histórico en la cooperación bilateral contra el narcotráfico, al incorporar mecanismos legales reservados tradicionalmente para casos de terrorismo internacional.
Fuente: Infobae